Las eléctricas se preparan para afrontar la supresión de las ayudas que cuestiona la UE

Las compañías eléctricas consideran que la eliminación de los denominados costes de transición a la competencia (CTC) es algo más que una simple posibilidad. Por ello, y al mismo tiempo que negocian la tarifa del próximo año con el Gobierno, analizan el impacto que tendría sobre sus resultados el fin de un sistema que, teóricamente, suponía unos ingresos de 1,3 billones de pesetas en diez años con cargo a la tarifa de los consumidores. Ante la evaporación de unos ingresos que dieron por seguros, Endesa y Fenosa han realizado provisiones que ascienden a 130.000 millones.

Provisiones totales

Endesa, la compañía más afectada por la posible desaparición de las ayudas, ha provisionado 30.000 millones, y Unión Fenosa, previsora, aumentó entre 1998 y 1999 un 167% el concepto "otras provisiones", hasta 99.995 millones. Por su parte, Iberdrola, que se encuentra en proceso de fusión con Endesa, asegura que la hipotética supresión de ayudas no tendrá impacto sobre sus resultados.Las compañías, que han cobrado ya 360.000 millones de las ayudas eléctricas, la cuarta parte del total que pactaron con el Gobierno en 1997, están muy preocupadas por la decisión que pueda adoptar Bruselas sobre los CTC. La Comisión Europea los considera ayudas de Estado, lo que ha llevado al Gobierno a considerar la eliminación del recargo del 4,5% en la tarifa eléctrica que se viene aplicando a todos los usuarios desde 1998.

En la comunicación de resultados hasta septiembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Endesa, además de dar cuenta de unos beneficios de 164.373 millones de pesetas (un 10,4% más que en el mismo periodo de 1999), detalló que, "siguiendo un criterio de prudencia, se ha considerado un resultado extraordinario negativo, por un importe de aproximadamente 30.000 millones de pesetas por la parte que le pudiera corresponder a Endesa de la financiación de los ingresos futuros de la tarifa eléctrica".

Aunque la compañía precisó que esa cantidad era "para compensar los déficit globales del sistema eléctrico, entre los que se incluyen los CTC", los acontecimientos posteriores han demostrado que la compañía que preside Rodolfo Martín Villa había adoptado, con fundamento, una posición prudente respecto al futuro de las ayudas.

Iberdrola, la segunda compañía del sector -y la segunda perceptora de ayudas-, asegura, por el contrario, que no baraja escenarios contables alternativos ante la posibilidad de que se supriman las ayudas. Según sus cuentas, por este concepto sólo ha cobrado unos 60.000 millones de pesetas en los últimos ejercicios. "Sea cual sea la decisión de Bruselas", señaló un portavoz, "no afectará a los resultados de la compañía". La compañía que preside Íñigo Oriol no oculta, sin embargo, la preocupación por el impacto que la noticia de la posible marcha atrás del Gobierno respecto a los CTC ha tenido sobre sus acciones. Las eléctricas sufrieron un duro castigo bursátil la pasada semana, aunque el viernes recuperaron ligeramente sus posiciones.

También Fenosa, la tercera compañía del mercado, ha tenido en cuenta la posible evaporación de unos ingresos que se dieron por seguros en los últimos años. Su portavoz señaló que "la compañía siempre ha mantenido una política histórica de prudencia en su contabilidad, por lo que están cubiertos [los riesgos] de forma genérica".

Una mirada a la cuenta de resultados de la eléctrica revela que esa prudencia aumentó, y mucho, entre 1998 y 1999. Las provisiones totales de la empresa crecieron en 1999 un 78%, de 143.201 millones a 255.771. Aunque la mayor parte de las mismas (154.237 millones) corresponden a obligaciones de pensiones, el apartado "otras provisiones" aumentó un 167%, de 37.375 millones a 99.995 millones.Números al margen, a las compañías les preocupa el impacto que la decisión de Bruselas sobre los CTC pueda tener en la opinión pública y, por extensión, en sus acciones. En este sentido, tienen muy en cuenta que tanto la oposición como las organizaciones de consumidores han avanzado ya que pedirán responsabilidades a quienes pactaron en 1997 lo que consideran "un regalo" injustificado a las empresas.