Agua en suspenso

Algunas de las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional no solo deberán enfrentarse al difícil acuerdo entre diferentes comunidades autónomas, administraciones de distinto signo político, asociaciones ecologistas, instituciones científicas y colectivos de afectados, también habrán de sortear los mecanismos de control ambiental establecidos por la Unión Europea.Bruselas acaba de dar el primer toque de atención al respecto. Como consecuencia de una queja presentada por Ecologistas en Acción en 1998, la Unión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el proyecto de construcción del embalse Breña II, en Córdoba, al considerar que esta obra puede incumplir la Directiva de Hábitats. La iniciativa contradice la declaración favorable de impacto ambiental que, en su día, dictó el Ministerio de Medio Ambiente, para el que este proyecto es factible siempre que se respeten una serie de condiciones y se lleven a cabo las correspondientes medidas correctoras.

El embalse afectaría a un espacio protegido como es el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, declarado, además, ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y propuesto como LIC (Lugar de Interés Comunitario). Al ser un territorio que se incluirá en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, la administración española está obligada a salvaguardar sus hábitats y especies. Como explica un informe de Ecologistas en Acción, "para aprobar un proyecto de esta naturaleza solo pueden alegarse consideraciones relacionadas con la salud pública, o bien otras razones que, a juicio de las autoridades comunitarias, se estimen como de interés público de primer orden". Breña II, continúa este documento, "es más que evidente que no se ajusta a ninguno de estos casos, ya que su finalidad última es servir como abastecimiento a unos más que dudosos regadíos".

El embalse, reclamado desde hace años por la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir, afectaría a 680 hectáreas del parque natural, 260 de las cuales están catalogadas como de "especial interés" en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este espacio protegido, documento que prohíbe este tipo de actuaciones.

La Consejería de Medio Ambiente ya se pronunció al respecto en 1993, cuando comunicó al Ministerio que los impactos de la obra debían calificarse como "críticos", por lo que sugería "la necesidad de plantear nuevas alternativas de ubicación, que consideren otros ríos distintos no situados en el Parque Natural de Hornachuelos". Esta opinión estaba respaldada por un informe del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Córdoba, en el que se pedía el abandono del proyecto ya que afectaría gravemente a zonas de gran valor ecológico en las que se localizan especies vegetales y animales amenazadas.

La población de lince localizada en la zona, detallaba el informe de la Consejería, "se vería muy afectada al fragmentarse su territorio, y casi con toda seguridad a medio plazo terminaría por extinguirse". Este hecho provocaría, además, la incomunicación entre los grupos de este felino asentados en Sierra Morena Occidental y Oriental. Idéntica opinión manifestó el panel internacional de expertos que, convocados por propio Ministerio de Medio Ambiente, diseñó en 1998 las directrices del plan de conservación del lince ibérico.

A pesar de que se han ido cumpliendo todos los trámites para que la obra se licitara, ni el Gobierno central ni el autonómico han querido asumir la responsabilidad de ejecutar o paralizar el proceso, dejándolo sencillamente en suspenso. Sería una manera de derivar responsabilidades, evitando la presión de los agricultores y su coste político.

La Comisión Europea ha iniciado el trámite de la infracción remitiendo una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que, de no renunciar el ministerio a la construcción del embalse, es posible que se solicite la intervención del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. En cualquier caso, si prevalecen las tesis de Bruselas, sería la primera vez que en España se abandona un proyecto de estas características por razones ambientales. Y desde Ecologistas en Acción advierten que esta es solo una de las muchas quejas presentadas a propósito de diferentes obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional.