Recurrida la ampliación de plazo de cuatro peajes en Cataluña

Los tribunales tienen que decidir en los próximos meses sobre cuatro recursos presentados por instituciones catalanas contra las prolongaciones de peajes en las autopistas de Cataluña. Ante el Supremo hay pendientes de decisión al menos dos recursos sobre autopistas cuya concesión depende del Estado, y otros dos se han presentado ante el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) sobre concesiones del Gobierno de la Generalitat.

Notable celeridad

En octubre de 1998 el Gobierno central y el de la Generalitat decidieron ampliar el plazo de concesión de diversas autopistas a cambio de una rebaja parcial en los peajes. En aquellos momentos, las voces críticas fueron notables e insistían en un mismo hecho: la prolongación rompe el equilibrio económico financiero de la concesión a favor de la empresa. Esta base argumental fue valorada por los equipos jurídicos de diversas instituciones que decidieron presentar los correspondientes recursos. "Aducimos que la prolongación de los peajes fue una medida injusta y que podemos demostrarlo", explica el presidente del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, José Luis Morlanes.La Diputación de Barcelona, el Consejo Comarcal del Baix Llobregat y varios ayuntamientos, entre ellos el de Mollet, acudieron al Supremo en lo referente a las concesiones del Gobierno central (sobre todo por la prolongación de las concesiones a Aumar y a ACESA) y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en relación con las concesiones dependientes de la Generalitat.

En el caso del Ejecutivo catalán se observa, como poco, una notable celeridad en la redacción de los informes preceptivos para la prolongación. La delegación del Gobierno en las concesionarias solicitó sendos informes al respecto a los departamentos de Economía y de Política Territorial de la Generalitat. La petición fue cursada el viernes 9 de octubre de 1998. Las respuestas (las dos) llevan fecha del 13 de octubre, martes. En medio no hay ni un solo día laborable. Además, la respuesta de Política Territorial, formalmente hecha por sus servicios jurídicos, incluye una referencia a la dada por Economía ese mismo día.No obstante, algunos de los abogados de la parte demandante no insisten en este punto. Casi tienen asumido lo que del delegado del Gobierno catalán en las concesionarias, Josep Antoni Grau, dicen los autores del libro sobre peajes publicado este verano por Òmnium Cultural: "Es más el delegado de las autopistas en el Gobierno catalán que a la inversa, porque defiende siempre los intereses de las concesionarias".

El Supremo y el TSJC han decidido unificar los recursos de las diversas instituciones contra la prolongación de los peajes, si bien el ritmo de ambos tribunales es diferente. El caso que se halla en el Supremo ha entrado ya en el trámite de prueba, mientras que el que se tiene que ver en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va algo más atrasado. En todos los casos, los demandantes reclaman que se anule la prolongación de las concesiones basándose en que el motivo aducido para ampliarlas se ha mostrado falso. En su momento, se adujo que la reducción del peaje supondría un quebranto para las arcas de las empresas y, por consiguiente, había que compensarla con mayor plazo de cobro. El entonces presidente de la empresa, Isidre Fainé (La Caixa), cifró en 6.000 millones de pesetas las cantidades que dejaría de ingresar ACESA. Dos años después, la empresa ha ingresado 16.000 millones más de lo previsto. Además, en el convenio con la empresa el Estado asumió obras de ésta por un importe de 2.000 millones, lo que es una compensación encubierta, según los abogados de las instituciones catalanas.