El Gobierno retira su pretensión de cobrar hasta el 75% de su renta a los disminuidos por cuidarlos

El director general de Servicios Sociales de la Comunidad, Tomás Vera, ha enviado miles de cartas a gran parte de las 10.000 familias que tienen a su cargo discapacitados psíquicos que acuden a centros de atención ocupacional (talleres) o a residencias, reclamándoles el importe de estos servicios hasta ahora gratuitos. Cada familia podría tener que pagar hasta 299.730 pesetas mensuales o, en su caso, el 75% de la renta per cápita familiar. El viceconsejero, José María Alonso, califica la carta de "barbaridad" y pide a las familias que la rompan, al tratarse de "un error".

"Jubilados que malviven"

Las misivas, que han estado llegando a los afectados desde hace una semana y que van firmadas por el director general de Servicios Sociales, son muy claras: "La Comunidad ha aportado 26.000 millones de pesetas para la creación" de la red de atención a los discapacitados, "y se ha considerado conveniente que los usuarios y sus familias colaboren en la atención integral de las necesidades del colectivo", escribe. Esta decisión se tomó, según la circular, después de que el pasado 16 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobase una orden que fijaba los precios públicos para estos centros sociales. En concreto, la cantidad que cada familia debería pagar mensualmente por su familiar deficiente se establece, según la orden de la consejería, dividiendo los ingresos netos anuales del núcleo familiar entre 12 meses y posteriormente entre el número de personas de la familia. La cantidad obtenida se denomina renta per cápita. A la Comunidad habría que pagarle el 75% de dicha renta per cápita cuando el discapacitado viva en una residencia y el 37,5% cuando acuda a centros ocupacionales (talleres). Se establece un precio máximo de 299.370 pesetas mensuales para los atendidos en residencias y de 98.956 para los que acudan a los talleres.

Los afectados exigieron ayer que "esta barbaridad no se lleve a cabo", porque la mayor parte de los cabezas de familia son "jubilados que malviven a duras penas y no pueden destinar el 75 o el 37% de sus rentas per cápita a pagar la atención de sus hijos". El viceconsejero de Servicios Sociales, José María Alonso, calificó ayer de "barbaridad", tras la llamada de EL PAÍS, la carta enviada por su director general y recomendó a las familias que "la rompan". "¿Pero cómo vamos a cobrar nosotros esas cantidades? Es verdad que la gente tiene que contribuir al mantenimiento de estos servicios, pero no en esa medida. Estableceremos los mecanismos necesarios para concretar las deduciones. Si el plan de discapacitados tiene un presupuesto de 26.000 millones, lo que las familias podrían aportar con estas tasas sería para nosotros el chocolate del loro, mientras que para ellas supondría un esfuerzo gigantesco", dijo Alonso.

Y añadió: "El acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre pasado donde se establecen los precios que deberán abonar estas personas faculta, en su punto noveno, a la consejera de Servicios Sociales [Pilar Mar-tínez] a un desarrollo posterior de la orden y a establecer las medidas correctoras necesarias. Nadie va a pagar esas cifras. Por favor, entiendo que la gente se haya indignado, pero la carta es un error".

En Madrid, unos 10.000 adultos con deficiencias psíquicas acuden a residencias públicas o concertadas y centros de atención. Ni ellos ni sus familiares abonaban hasta ahora el servicio. Ayer, Pablo Cernuda, prejubilado y con un hijo de 38 años deficiente a su cargo (una minusvalía del 65%), explicó su caso: "Gano cuatro millones y somos tres de familia. Esto da una renta familiar por persona de 1,3 millones. Si le aplicamos el 37,5%, tendré que abonar por mi hijo 40.625 pesetas mensuales. La pensión de mi hijo es de 39.060 pesetas. Y mi caso no es de los peores, pero imaginemos un chaval huérfano que gana sólo 39.060 pesetas. ¿Qué le va a quedar para comprarse unos simples zapatos?".

El gerente de la Federación de Organizaciones y Personas con Retrasos Mentales de Madrid (FEAPS), Matías Martínez, aseguró ayer: "Estamos conformes con ayudar y pagar algo, pero no a que se grave así la renta de las familias para que sus hijos puedan lograr una atención digna". Martínez afirma que han enviado ya una queja a la consejería en la que reclaman que la Comunidad se quede con una parte de la pensión del discapacitado para hacer frente a los gastos, pero no un porcentaje de la renta de la familia.

El viceconsejero de Servicios Sociales insistió en que la consejería "no hará nada sin el acuerdo" de los afectados y pidió "calma" a última hora de ayer, mientras las cartas seguían llegando a las familias.