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El PSOE llevará al TC la Ley de Extranjería si persiste el recorte de los derechos

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan José Laborda, anunció ayer que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Extranjería si, durante la tramitación del texto en el Senado y en su regreso al Congreso para su aprobación definitiva, el Gobierno y el PP no se avienen a reconocer que todos los inmigrantes, con o sin papeles, pueden ejercer libremente los derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación. Los socialistas han presentado un veto (enmienda a la totalidad) a la ley en el Senado para forzar al Ejecutivo a negociar. Laborda justificó el "inevitable" veto de los socialistas a la ley "ante la negativa del Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular a llegar a alguna clase de acuerdo sobre los derechos civiles de los inmigrantes" y para intentar corregir los "desequilibrios del texto a favor de las potestades administrativas que se confieren al Ejecutivo". El portavoz socialista insistió en el argumento ya esgrimido por su partido en el Congreso de que la Constitución "no reconoce diferenciación alguna en el ejercicio de esos derechos". A su juicio, no es comprensible "el empecinamiento del Gobierno en no reconocer los citados derechos cívicos porque su ejercicio es un instrumento muy útil para la integración de los inmigrantes".

Los socialistas son conscientes de que su propuesta de veto es "testimonial", ya que la mayoría absoluta de los populares en el Senado hace imposible que prospere, pero les permitirá fijar claramente su posición. No obstante, el PSOE está dispuesto a retirar el veto "si durante la ponencia o la comisión se produce algún encuentro con otros grupos políticos", en especial CiU y Coalición Canaria, que, a pesar de haber apoyado la ley en la Cámara baja, mantendrán sus enmiendas sobre los derechos.

El principal temor de Laborda es que el PP intente endurecer la ley en el Senado e incluso que impida la aprobación de cualquier enmienda para que el texto vaya directamente y sin retoque alguno de la Cámara alta al BOE. "En ese caso, iríamos al Tribunal Constitucional para intentar que declare no constitucional la restricción de los derechos", dijo Laborda, quien aseguró que los servicios jurídicos del PSOE ya están "trabajando a fondo" en este asunto. "No puede haber recorte porque la Carta Magna reconoce esos derechos universales a todos", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de diciembre de 2000

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