La medida de gracia alcanza a 460 insumisos

El Consejo de Ministros acordó ayer indultar a 460 insumisos que habían pedido la medida de gracia personalmente, condición indispensable para que se concediera, según informó el ministro de Justicia, Ángel Acebes. A 30 casos de insumisión anteriores a 1995 se les condona la pena, y a los posteriores se les reduce la inhabilitación absoluta de 10 años a cuatro años de inhabilitación especial.Hasta el Código Penal de 1995, el delito de insumisión era castigado con penas privativas de libertad de extensión variable y, accesoriamente, con la inhabilitación. A partir de la aprobación del nuevo Código Penal de 1995, la inhabilitación absoluta, de 10 a 14 años, pasa a ser la pena principal para los insumisos, y la prisión quedó como medida complementaria para casos graves, oscilando entre los seis meses y los dos años de cárcel. Tras una reforma parcial del Código Penal en 1998, la pena principal de inhabilitación se redujo a cuatro años y se suprimieron las condenas de prisión para estos delitos.

Según fuentes del Movimiento de Objeción de Conciencia, en estos momentos cerca de 30 insumisos están cumpliendo condena con diferentes grados, y 15 se encuentran a la espera de juicio.

El indulto a los insumisos se produce dos días después de que el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, anunciara que "el delito de insumisión dejará de existir". Michavila explicó el pasado miércoles que "al acabar en unos meses el servicio militar, no es que haya que derogar el delito de insumisión, sino que va a dejar de existir".

Sin embargo, el ministro de Defensa, Federico Trillo, indicó que "quienes hayan sido llamados a filas para el año que viene van a hacer la mili, y el que no la haga tendrá las medidas sancionadoras que el Estado ha previsto". Trillo advirtió de que "la insumisión está y va a seguir estando vigente el año próximo".

El indulto también ha llegado a diferentes alcaldes y cargos públicos, entre ellos ediles condenados por el caso del PER (Plan de Empleo Rural) y al ex alcalde de Burgos José María Peña, que accedió a ese cargo como independiente en las listas del PP, y a quien se le impuso en 1992 doce años de inhabilitación y siete de suspensión para cargo público por el denominado caso de la construcción, sobre irregularidades urbanísticas en la capital burgalesa. Peña fue hallado culpable de prevaricación, revelación de secreto y denegación de auxilio a la autoridad.

Otra de las beneficiadas por el aluvión de indultos es Teresa Moreno Maya, Tany -condenada por matar a su marido el 16 abril de 1995, tras recibir malos tratos durante años-, que ve reducida a 30 meses la pena de 14 años y ocho meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Madrid el 7 de junio de 1999. La petición de indulto para Tany, convertida en un símbolo de las mujeres maltratadas, había sido suscrita por ministras, diputadas, asociaciones de defensa de la mujer, la Federación de municipios y muchos otros colectivos. Su puesta en libertad puede producirse en los próximos días.