Fox promete que los servicios secretos de México ya no espiarán a periodistas y políticos

Sólo el 3% de las actividades del espionaje interno mexicano compila información sobre secuestros y narcotráfico. El grueso de sus tareas escrutó a periodistas y políticos, según filtraciones de agentes del Centro de Seguridad e Información Nacional (CISEN), cuyo funcionamiento será modificado de raíz por el Gobierno de Vicente Fox. Bajo el nuevo esquema, el director del centro deberá comparecer ante el Congreso para rendir cuentas. El CISEN maniobró arduamente para asegurar la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 71 años.

El académico Adolfo Aguilar Zinser, de 51 años, licenciado en dos universidades norteamericanas, fue nombrado Comisionado de Seguridad Nacional en el gabinete de Fox. Una de sus primeras medidas será presentar un proyecto de Ley de Seguridad Nacional, destinado a dotar de estructura jurídica y normas precisas a unos servicios de inteligencia que disponen de cuatro millones de fichas en sus archivos, algunas de ellas robadas para su posterior utilización en eventuales operaciones de chantaje o guerra sucia. No será sencillo acabar con las desviaciones antidemocráticas cometidas en nombre de la seguridad nacional por unos servicios acostumbrados al atropello de la legalidad y a las prácticas intimidatorias. "Es una montaña muy escarpada, y con precipicios. Será una actividad riesgosa", admitió Aguilar, diputado independiente en la última legislatura.

Los dueños de los medios de comunicación, comentaristas, intelectuales, consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), diplomáticos, sindicalistas o corresponsales extranjeros, según la relación facilitada desde el anonimato por varios agentes, fueron espiados sin mediar la correspondiente orden judicial. Recientemente, un funcionario del CISEN reveló que las conversaciones del equipo de Fox, y las del propio candidato en la campaña electoral de este año, habían sido interceptadas. El diario El Universal publicó varias.

Informes de los espías

La situación patrimonial, amistades, vínculos políticos y debilidades personales, fundamentalmente aquellas relacionadas con las costumbres sexuales de los espiados, fueron flancos a cubrir durante muchos años por los fontaneros del régimen, cuyos informes más relevantes eran cursados a la presidencia de la república, ajena muchas veces a las tropelías de sus subordinados. Un espía que detalló sus actividades al diario Reforma afirmó que datos esenciales sobre personas sospechosas de cometer delitos graves durante la administración del presidente Ernesto Zedillo iban "directamente a la oficina del Procurador (fiscal general) Jorge Madrazo y de los subprocuradores José Luis Ramos Rivera e Ismael Eslava. De manera particular, las conversaciones con los abogados de los defendidos se enviaba automáticamente a la PGR (Procuraduría General de la República), es decir, sin selección previa". "Yo no sabía que era delito grabar a los abogados con sus detenidos", dijo el informante.

El Congreso, donde ninguno de los tres principales partidos mexicanos cuenta con mayoría suficiente para imponer sus tesis, deberá legislar al respecto y establecer controles, de acuerdo con el criterio generalizado de los legisladores.

"La normalidad democrática no necesita y debe ser ajena al espionaje, y hay que distinguir entre la seguridad del gobierno de turno y la de los mexicanos", destacó Aguilar Zinser, quien desde 1975 ha desempeñado tareas académicas, de investigación y docencia en instituciones nacionales a internacionales. Fue portavoz de Cuauhtémoc Cárdenas, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), centro izquierda, durante la campaña presidencial de 1994, ganada por Ernesto Zedillo y el PRI.

"La Ley de Seguridad Nacional", señaló Aguilar Zinser,, "contemplará todo el sistema de seguridad nacional del país, y fijará los términos precisos de la responsabilidad de cada instancia y cada autoridad". Para el nuevo jefe del espionaje mexicano, y para aplauso de la mayoría de sus compatriotas, la disidencia política, la agitación social y las manifestaciones callejeras no son situaciones que pongan en peligro la seguridad nacional. Sí lo son, agregó, la deforestación, el agua, la destrucción de los recursos, los procesos migratorios fuera de control, el tráfico de ilegales y el delito organizado, una lacra que tiene en el narcotráfico su principal exponente.