Montoro provoca la división en el Consejo de Política Fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fracasó ayer en su intento de lograr un amplio consenso con las comunidades autónomas en torno a la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo es la eliminación del déficit público para siempre. Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro sólo había logrado el respaldo claro de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP). Para el resto, aunque con matices, se trata de una ley innecesaria y que invade las competencias de las comunidades.

La división provocada por esta ley en el seno del Consejo sienta un mal precedente, ya que se produce en puertas de la negociación que el Gobierno quiere abrir el próximo mes de enero sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha de entrar en vigor en 2002.La convocatoria de ayer tenía como objetivo lograr de las comunidades autónomas el compromiso de mantener para siempre un balance equilibrado en sus cuentas públicas, igual que en la Administración central y los ayuntamientos. Ese compromiso se concretará en una denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria que Montoro quiere enviar al Congreso antes de final de año para su tramitación.

En ella se prevé la obligación de constituir un fondo del 2% sobre el gasto de cada año para afrontar pagos imprevistos y una penalización a aquellas administraciones que registren déficit. En el Consejo están representados los titulares de Hacienda de las 17 comunidades autónomas y los ministros de Hacienda y de Administraciones públicas junto a sus secretarios de Estado. En este foro político es donde Montoro planteó la conveniencia de un ajuste en las cuentas públicas, de efecto indefinido y en línea con el equilibrio presupuestario previsto para el año que viene.

De hecho, ya para 2001 está previsto que las comunidades y los ayuntamientos tengan déficit cero, mientras que el Estado registrará un saldo negativo del 0,3% del PIB que quedará cubierto por un superávit de la Seguridad Social en el mismo porcentaje. Pero Montoro chocó con la oposición frontal de las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Asturias y Extremadura), más la del País Vasco y Navarra, además de la de Cataluña, aunque su consejero Artur Mas no asistió a la reunión por que en el Parlamento catalán se debatían los presupuestos de esta comunidad. El día anterior, Mas había criticado el proyecto del Gobierno por entender que invadirá competencias de las comunidades autónomas. Montoro le contestó con un rapapolvo: "Pido a los consejeros que hablen con responsabilidad respecto de esta ley; ha habido declaraciones muy poco afortunadas estos días", dijo el ministro.

Así las cosas, el ambicioso proyecto de garantizar mediante una ley que no habrá déficit en el futuro sólo contó con el respaldo de las ocho comunidades gobernadas por el PP y una posición dudosa por parte de Canarias. Tanto Montoro como el consejero de Hacienda de Madrid, Manuel Cobo, salieron de la reunión convencidos de que el objetivo era generalmente aceptado, aunque no tanto el medio elegido y los plazos.

Para los socialistas, el equilibrio presupuestario es, en efecto, positivo pero no es necesaria una ley para garantizarlo y no se puede exigir un compromiso a las comunidades autónomas cuando aún no conocen cómo van a ser sus ingresos en los próximos años porque aún no se sabe cómo será el nuevo sistema de financiación.