España e Italia firman un tratado que sustituye las extradiciones por entregas inmediatas

España e Italia firmaron ayer un "tratado para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición" que fue calificado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, de "hito histórico en la Unión Europea". Sin embargo, el tratado no resuelve las objeciones planteadas por el Tribunal Constitucional a la entrega de mafiosos juzgados en rebeldía en Italia. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, no descartó que, si hubiera recursos contra el nuevo procedimiento de entrega inmediata, el alto tribunal los admita. Pero estimó que el número de supuestos conflictivos se reducirá al mínimo en la práctica, ya que la nueva regulación prevé que la entrega se realice antes del juicio.

El ministro recordó que el tratado regula relaciones entre "Estados que se basan en principios democráticos" y que respetan los derechos humanos y confían "en la estructura y el funcionamiento de sus respectivos sistemas judiciales". Por esa razón, según recalcó Acebes, la supresión del procedimiento de extradición, como garantía para el delincuente reclamado, es una consecuencia lógica. Y puso el siguiente ejemplo: "Es como si la entrega del delincuente fuera entre dos provincias españolas". Sentadas estas bases, según el ministro, no se plantea la necesidad de que la justicia del país requerido analice la fiabilidad del sistema judicial del país que reclama.Pero el Tribunal Constitucional ha puesto objeciones porque la justicia italiana admite, a diferencia de la española, que un imputado sea condenado sin estar presente en su juicio. Debido a esa circunstancia, el Constitucional ha rechazado extradiciones ya otorgadas por la Audiencia Nacional de mafiosos italianos convictos en rebeldía, considerando que su juicio no ofrecía suficientes garantías.

Esta situación generó un cierto flujo de delincuentes italianos refugiados en España. El consiguiente malestar de las autoridades italianas y la dificultad para lograr la extradición de uno de ellos especialmente importante, Giovanni Greco, afincado en Mallorca, determinaron el pasado junio una gestión directa del Gobierno italiano, según precisó ayer su presidente, Giuliano Amato. El tratado firmado ahora en Roma, cuando Greco ha huido también de España, responde a aquella iniciativa. Al Gobierno español, que reclama con frecuencia a distintos países la entrega de terroristas de ETA, tampoco le interesaba la prolongación de un contencioso de este tipo. El tratado, calificado por el propio Acebes de "atajo" al largo desarrollo que se requerirá hasta que las legislaciones penales de los países europeos coincidan, no incluye ninguna reforma del proceso italiano capaz de satisfacer al Tribunal Constitucional español.

Un juez de Italia o España dicta sentencia firme o una orden de búsqueda y captura ejecutiva contra un presunto delincuente susceptible de ser condenado -o condenado ya- a por lo menos cuatro años de cárcel por terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, abuso sexual de menores o tráfico de armas. El magistrado sólo debe remitir una copia de esa resolución y un breve relato de los hechos, su calificación jurídica y las normas aplicables a su Ministerio de Justicia, que lo remitirá al de la otra parte y éste al juez competente sobre la persona reclamada. El juez del país requerido no puede entrar en el fondo material ni legal del asunto. Se debe limitar a comprobar si la documentación es correcta, y debe resolver la entrega antes de 90 días.

Existe la posibilidad de que el juez, español o italiano, ordene de oficio la detención de un delincuente buscado en el otro país cuando le conste que se ha pedido su extradición en otros países de Europa. Deberá ponerlo en libertad si la petición de entrega no llega antes de 30 días. También son posibles las "entregas temporales" para presuntos delincuentes que vayan a ser sometidos a juicio o, previo acuerdo de las dos partes, su interrogatorio mediante videoconferencia. El tratado tiene efectos retroactivos, ya que pueden ser aplicados "incluso a los procedimientos de extradición en curso siempre que se retire la demanda de extradición".

Aznar destacó en Roma la importancia de este tratado, que convierte a España e Italia en "vanguardia europea" por la creación de un "espacio judicial común", del que han mandado información al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y a los representantes de otros países, con la esperanza de que se unan al acuerdo. Éste entrará en vigor antes de un año, cuando haya superado los trámites de su ratificación parlamentaria.