Dos inmigrantes denuncian a un constructor que les retuvo salario y papeles
Dos inmigrantes, de nacionalidad marroquí, han presentado sendas denuncias ante la Guardia Civil de Calp (Marina Alta) contra un constructor a quien acusan de retenerles la documentación (permiso de trabajo) y parte del salario de la nómina. Además, los dos trabajadores denuncian que el empresario les pagaban no más de 5.000 pesetas semanales por jornadas laborales de más de 12 horas (de 7 de la mañana hasta las 21 horas) sin descanso, incluidos los fines de semana y festivos.El primer inmigrante, de 41 años, procedente de la localidad de Douar Nekakcha (Marruecos), presentó la denuncia el pasado 17 de noviembre. Este hombre, según recoge la denuncia, asegura que llegó a España en octubre de 1998 contratado, previo pago de 5.000 dirhams (unas 8.000 pesetas) por un constructor de la Marina Alta, también de origen marroquí y legalmente establecido en la comarca. Con este empresario estuvo trabajando, por un salario de 2.500 pesetas semanales, hasta julio de 1999. En esta fecha cayó enfermo y el constructor lo despidió. El inmigrante volvió a su país de origen para curarse. Más tarde, en mayo de este año retornó a Alicante y pidió trabajo a la misma empresa. El empresario le solicitó la documentación para tramitar el permiso de trabajo, "pero hasta la fecha no se la han devuelto , coaccionándolo para que vaya a trabajar a otro sitio", subraya la denuncia. "Durante este tiempo le pagaba 5.000 pesetas a la semana, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin descansos, incluidos los fines de semana y festivos y obligándole a firmar nóminas de la empresa de 128.346 pesetas", añade. El denunciante asegura que el empresario le decía que el resto de salario que no percibía se lo estaba ahorrando y se lo entregaría cuando finalizaran las obras.
El segundo inmigrante, de 42 años, manifestó que empezó a trabajar el 15 de febrero por el mismo salario y condiciones laborales que su compatriota. Los dos trabajadores han sido acogidos provisionalmente por el departamento de inmigración de CC OO, que, además, les ha prestado asesoría jurídica.
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