La precariedad laboral, máxima preocupación de los periodistas catalanes
Hace cuatro años, en el III Congreso de Periodistas de Cataluña, el paro era la principal preocupación de los profesionales de la información catalanes; en el año 2000, lo son las condiciones laborales en que ejercen la profesión, particularmente la precariedad laboral, los bajos salarios, el paro y los horarios. Un 25,9% de los periodistas consideran alguno de estos aspectos el principal problema de la profesión. Así lo indica una encuesta del Instituto Opina realizada por encargo del Colegio de Periodistas.
Presiones políticas
La encuesta se ha realizado entre un total de 600 periodistas catalanes -un 70% de los cuales están colegiados- con el objetivo de trazar un perfil del profesional de la información en Cataluña y fue presentada ayer en la primera sesión del IV Congreso de los Periodistas Catalanes, que se celebra en la Universidad de Barcelona.La encuesta subraya un aumento de la sensación de discriminación por razones de sexo. Un 47,3% de los entrevistados creen que existe algún tipo de discriminación por razón de sexo, frente a un 48,5% que cree que no. Si se comparan estas cifras con las de 1996, se constata un aumento de cinco puntos. Entonces un 42,3% de los encuestados creían que existía discriminación hacia las mujeres periodistas.
A pesar de que un 71,8% de los entrevistados afirman tener un puesto de trabajo estable, el estudio constata un aumento de la preocupación por la precariedad laboral. Este problema es citado como primera preocupación por el 9,7% de los entrevistados, porcentaje que aumenta hasta el 12% en el caso de las mujeres. En 1996 la máxima preocupación de estos profesionales era el paro, problema citado entonces por un 25,3%. Ahora esta cifra ha descendido hasta el 4,5%.
A estos porcentajes hay que añadir otro 6% de los entrevistados que considera los bajos salarios su primera preocupación y un 5,7% más que creen que son los horarios.
Preguntados sobre las consecuencias que la concentración de medios tiene en el periodismo, un 53,8% afirmó que limita su libertad profesional, mientras que el 35,3% opinó que no afecta a su actividad. Los profesionales que trabajan en emisoras de radio son los que se sienten menos coartados por la concentración de medios. Un 52,4% de estos periodistas aseguraron que no limita su libertad de expresión.
La encuesta se interesa también por la opinión de los periodistas acerca de la evolución de la profesión en la última década. El resultado apunta que un 35,3% de los entrevistados -un 21% en 1996- cree que ahora hay menos libertad de acción que en 1990. En este apartado, el estudio constata que un 47,5% opina que hay más control de la información por parte de la empresa, y un 51,7%, que hay más autocontrol por parte de los mismos profesionales.
La mayoría de los entrevistados aseguran que no han recibido nunca presiones de partidos políticos, empresas o agencias de relaciones públicas. Sin embargo, es significativo que el 26,5% afirma que ha recibido en alguna ocasión presiones de grupos políticos. El porcentaje de presiones de este tipo ha aumentado desde 1996, año en que fue citado por un 21,2% de encuestados. En este sentido, la encuesta apunta que las presiones han aumentado en general desde 1996. En el año 2000, un 19,5% asegura haber sido presionado por algún grupo económico; un 18%, por gabinetes de comunicación, y un 13,2%, por agencias de relaciones públicas.En cuanto a las normativas éticas que deben regir la profesión, una amplia mayoría -un 96,2%- cree necesaria la existencia de un código deontológico. A pesar de ello, sólo un 4,5% cree que estas normas se cumplen siempre, lo que equivale a un suspenso, según recalcaron los representantes del colegio que dieron ayer a conocer los resultados de la encuesta.
Los entrevistados aprobaron con un 5,75 sobre 10 el trabajo realizado por el Consejo de la Información de Cataluña, órgano constituido en 1996 para velar por el cumplimiento del código deontológico aprobado por el Colegio de Periodistas en 1992. Un aprobado merece la labor realizada por el Consejo del Audiovisual de Cataluña, órgano de control de los medios audiovisuales.
Los comités profesionales
El primer objetivo del IV Congreso de Periodistas de Cataluña, que se clausura hoy en la Universidad de Barcelona, es conseguir la extensión de los estatutos de redacción y los consejos profesionales en los medios de comunicación catalanes para garantizar una información más veraz. En este sentido, las jornadas, que tienen como título El papel del periodista y las funciones del periodismo en el siglo XXI, se han planteado a modo de "reflexión y autocrítica acerca de la profesión", según dijo Montserrat Minobis, miembro del comité organizador.Así, en la presentación de la ponencia que lleva por título Los mecanismos de defensa de los periodistas. La hora de los consejos profesionales se afirma que "la principal responsabilidad de que los estatutos de redacción no se hayan generalizado quizá corresponde a la profesión, sin descontar las dificultades y los obstáculos que hayan puesto empresarios y direcciones".
La función de los comités profesionales es hacer un seguimiento de la información que difunde cada medio y velar por el respeto a los estatutos de redacción, un mecanismo de defensa del periodista frente a posibles injerencias extraprofesionales. Ambas figuras obedecen al hecho de que, a diferencia de otros países europeos, España no cuenta con una ley reguladora de los derechos y deberes del periodista.
En 1991 el Colegio de Periodistas de Cataluña aprobó un Estatuto Marco de Redacción y desde entonces han sido bastantes los medios que han aprobado sus propios estatutos. Sin embargo, la encuesta presentada ayer pone de relieve que un 21,2% de los entrevistados afirman que en su empresa no existe ningún consejo profesional.
Los organizadores del congreso apuntan la posibilidad de presentar los resultados de la encuesta al Parlament puesto que, afirman, "parece claro el vínculo, nada contradictorio, entre la exigencia de seguir impulsando los estatutos de redacción, como norma reguladora privada entre directivos y profesionales, y la posibilidad de conseguir una vía legal que asegure los derechos y deberes profesionales de forma generalizada".
