Cáritas denuncia la dejadez oficial hacia los "sin techo" y asegura que 48.000 malagueños viven en infraviviendas

, En Málaga hay unas 48.000 personas que no saben lo que es una casa digna. Sus ingresos en la venta ambulante, la recogida de chatarra u otras chapuzas no les permiten salir de la extrema pobreza. Por eso sólo pueden refugiarse en una infravivienda. Es más, debido a que trabajan en la economía sumergida, no pueden acceder ni al desempleo, ni a la ayuda familiar. Estos datos corresponden a un informe de Cáritas en el que además se advierte que el 70% de esas personas son niños.

La organización humanitaria alertó ayer sobre un cambio: cada vez hay más jóvenes y mujeres que se incorporan a estas estadísticas.

Pero la situación de los 'sin techo' es aún peor. En Málaga suman cerca de 900. Aunque son los más desfavorecidos, prácticamente ninguno puede cobrar el salario social, bien porque por su desestructuración ni siquiera lo solicitan o porque carecen de una dirección fija. "La ley es una trampa. Como no tienen familia ni domicilio, no se les da", se quejó Gabriel García, párroco del centro de acogida San Juan de Dios.

Representantes de ambas organizaciones y del comedor de Santo Domingo arremetieron ayer contra la "dejadez" oficial frente a las necesidades del colectivo. Según sus datos, las administraciones sólo cubren el 17% de la demanda.

Las tres organizaciones incidieron en la situación de dos colectivos: los inmigrantes y los enfermos mentales. Los primeros, aseguraron, han desbordado toda la infraestructura de apoyo social, tanto pública como de ONGs. A tal punto que cerca de medio centenar se ve obligado a pernoctar al raso, en los alrededores de la estación de autobuses. Según García, los inmigrantes constituyen un perfil nuevo: "Los metemos en la red de exclusión, pero no son excluidos, porque seguramente en sus países no vivían en la calle".

La problemática de los vagabundos con trastornos psiquiátricos no es menor. En Málaga rondan el medio centenar, La mayoría son personas enajenadas pero que no están declaradas incapaces por ningún juez, lo que dificulta su ingreso en un centro psiquiátrico. "Viven en la calle, una situación que agrava su patología y que les hace víctimas de una letanía de enfermedades", apuntó García.

Las organizaciones han acometido un proyecto para dar atención integral a estas personas, aunque con las donaciones sólo han cubierto la mitad de los 160 millones que necesitan. Han solicitado ayudas a las administraciones pero no han obtenido respuesta.