Tarancón reconoce en una orden las desventajas de su decreto de admisión

El Consell publicó ayer en el DOGV la polémica orden por la que se generalizan los conciertos de infantil en todos los centros privados. La privatización de este tramo se justifica, según el texto firmado por el consejero Manuel Tarancón, dadas las "desventajas económicas" y la "menor posibilidad de escoger centros" de los padres gracias al decreto de admisión aprobado por su predecesor, Francisco Camps.

La publicación de la citada orden -por la que se privatiza de facto la enseñanza infantil de tres a cinco años, haciendo extensible a todos los centros privados de la Comunidad Valenciana las subvenciones para este nivel, creadas por el PP nada más llegar al poder en sus primeros presupuestos de 1996- se produce en una semana doblemente significativa. Por una parte, porque de hacerlo esta semana, antes de que se debatan los Presupuestos del 2001 en las Cortes Valencianas, la Consejería de Hacienda no podría hacer efectivos los pagos del segundo y tercer periodo del curso que, como precisa la orden, va del 1 de enero al 31 de agosto del próximo año. Según la propia consejería, estos nuevos conciertos suponen casi 1.000 millones más que añadir a los 24.000 millones que ya se destinan a la enseñanza privada. Por otra parte, la generalización de los conciertos se consuma a dos días de que el jueves se realice en Alicante la primera manifestación de Defensa de la Escuela Pública y el viernes, en la ciudad de Valencia. Una manifestación en la que, por primera vez, los cino partidos de izquierda, el PSPV, Esquerra Unida, Nova Esquerra, el Bloc y Els Verds, han optado por aparcar diferencias y apoyar la protesta de sindicatos y padres.

En este contexto, la publicación de la normativa fue considerada ayer, de manera unánime, por los sindicatos de la enseñanza CC OO, STEPV y FETE-UGT como "otro golpe a la escuela pública". Los tres subrayaron que se oponen a la concertación de este tramo no obligatorio [de tres a cinco años], cuando no se ha completado la oferta en la red pública. El STEPV ironiza sobre la "paradoja" en que cae el Gobierno valenciano para justificar esta medida, que incluye entre las motivaciones para concertar todos los centros privados que imparten infantil el hecho de que -y cita textualmente-"la escolarización en dicha etapa educativa implica un desembolso importante para las familias" y continúa afirmando más adelante que: "A esta desventaja económica, hay que añadir que el acceso tardío de sus hijos de tres a cinco años en el centro conlleva también una menor posibilidad a los padres para elegir centro educativo".

Déficit de unidades

El sindicato puntualiza que esta imposibilidad proviene directamente del déficit de unidades en la red pública. Un déficit que en la provincia de Alicante se cifra en 203 unidades de 3 años; en Castellón, en 23; y en la provincia de Valencia, en 178, ya que en la capital sólo hay 27 centros públicos que imparten infantil. Por su parte, CC OO pidió que las subvenciones reguladas en la citada orden se sujeten a los mismos controles a los que está sujeta la red pública y se garantice que atenderán a los hijos de las familias más desfavorecidas económicamente y no discriminen por razones de sexo como, por ejemplo, ocurre en los centros vinculados al Opus Dei. CC OO recuerda que en su momento recurrió los conciertos educativos a estos centros, por segregar a los alumnos por género (aspecto que, a su juicio, no contempla la LOGSE). Según el sindicato, "lo que más impresiona es toda la normativa para regular la enseñanza privada y la poca normativa que se ha hecho para legalizar la pública". Pone como ejemplo el caso de las guarderías públicas que funcionan con buenos proyectos pedagógicos y profesionales y que el PP aún no ha legalizado, ni ha regulado las plantillas.

FETE-UGT ha rechazado por escrito el sistema de financiación que contempla la orden, ya que considera que los tipos de convenio contemplados por la Administración del PP "implican el no control sobre el dinero público, ya que los fondos se entregan a los titulares de los centros y éstos disponen de ellos". Según el sindicato, "esto supone una clara discriminación entre los trabajadores de centros conveniados y concertados, que se quedan fuera del convenio de trabajadores de la privada-concertada.

La Permanente de Directores de Secundaria del País Valenciano, después de analizar la situación actual de los centros públicos en las jornadas estatales realizadas el pasado fin de semana, ha anunciado su respaldo a las manifestaciones. Entre las conclusiones de la reunión, los directores valencianos acordaron en un documento suscrito firmado por otras comunidades autónomas que: "Los poderes públicos están obligados a proporcionar una enseñanza de calidad, con una adecuada dotación de recursos y una normativa clara y transparente que asegure la igualdad de oportunidades para todos".