La mayoría del PP rechaza las enmiendas de la oposición

La acción que llevaron a cabo miembros del sindicato UGT al inicio del pleno de ayer en las Cortes Valencianas planeó el resto de la jornada sobre los debates en torno al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el año 2001, que era el motivo de la convocatoria de la sesión plenaria. Las enmiendas a la totalidad presentadas por los dos grupos de la oposición fueron rechazadas por la mayoría popular, al igual que las que pretendían la retirada de la denominada ley de Acompañamiento. Tanto los socialistas como Esquerra Unida denunciaron que las cuentas presentadas por el Consell son "negativas, falsas e irreales", señalaron que se "obsesionan" con el déficit cero a pesar de que la Comunidad Valenciana está "lastrada por una deuda billonaria" que "trasladan al futuro" y defendieron la necesidad de combatir la precariedad de los funcionarios, para los que se prevé un aumento salarial del 2%.La portavoz socialista, Cristina Moreno, lamentó que el Gobierno valenciano no haya aprovechado la bonanza económica para reducir la deuda, cifrada en 887.000 millones de pesetas por el Banco de España, y criticó el incremento de un 9% de los gastos de Presidencia de la Generalitat, además de mostrar su rechazo al "derroche" de dinero público en proyectos de ocio a costa de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por su parte, Joan Antoni Oltra, de EU, dijo que los Presupuestos suponen una "sentencia a muerte" para la educación pública, conllevan una reducción del esfuerzo inversor, además de "privatizar áreas esenciales y desmantelar lo poco que queda ya del sector público valenciano". Según Oltra, el proyecto "maquilla" los grandes numeros mientras "centrifuga la deuda a plazos cada vez más largos".

Respecto a la ley de Acompañamiento, los grupos de la oposición repitieron sus argumentos: con este procedimiento "se hurta al Parlamento" del debate. Tanto socialistas como Esquerra Unida reprocharon al Gobierno valenciano que recurra a la "vía de urgencia" que permite la tramitación de esta ley para modificar hasta 13 textos legales, con lo que "evitan el debate" en la Cámara sobre cuestiones como las nuevas formas de gestión de los servicios sociales o la "subida de impuestos que encubre".