La Generalitat deja de subvencionar 25 academias de militantes de Unió, pero da el 13% del dinero al resto

La criba de empresas dedicadas a la formación de parados hecha este año por el nuevo consejero de Trabajo de la Generalitat, Lluís Franco, ha eliminado 25 centros de militantes de Unió como receptores de ayudas, aunque el peso de éstos en el total de fondos otorgados ha subido del 10% en 1997 al 13,5% este año. Los centros gestionados por militantes, 76 en total, han recibido 2.194 millones de pesetas, un 6,6% menos. El número total de centros se ha reducido de 1.158 a 805, con un recorte del 30%, pero los administrados por militantes de Unió se reducen un 25%, según el Departamento de Trabajo.

La campaña de ayudas para la formación de parados del año 2000 muestra que los centros administrados por militantes de Unió mantienen un fuerte peso en el total de ayudas. Si en 1997 estos centros eran el 8% del total, este año suponen un 9,4% del total. De los 1.158 centros existentes en 1997, Trabajo ha reducido su número a 805 en el año 2000. En el recorte fueron eliminados 25 centros de los 101 que estaban administrados por militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en 1997.El Departamento de Trabajo reiteró ayer lo afirmado por el consejero Franco en el Parlament en el sentido de que las ayudas de 2000 "se han repartido con nuevos criterios de otorgamiento y siguiendo una lista de 13 criterios objetivos aprobados en el Consejo de Trabajo de Cataluña, en el que tienen representación, además de la administración catalana, las patronales y los sindicatos".

Franco prometió hacer "tabla rasa", publicó las ayudas otorgadas mediante anuncios en prensa, a pesar de que aquellos otorgamientos de subvenciones ya le vinieron dados por el anterior consejero, Ignasi Farreres. Éste dimitió el pasado domingo como presidente de Unió, y de Trabajo en noviembre de 1999.

Entre los centros que han perdido su condición de colaboradores se encuentran los tres propiedad del empresario andorrano Fidel Pallerols Montoya (Ceif, And y Teo) que dieron lugar al caso penal en el que se investiga una supuesta financiación irregular del empresario a Unió.

A pesar del recorte de centros decidido por el consejero Lluís Franco, los militantes de Unió siguen gestionando, en el último reparto de subvenciones, 76 centros de un total de 805 que operan en Cataluña. Además, si estos centros significaban en 1997 2.349 millones de pesetas del total de 23.500 millones repartidos en Cataluña, en el ejercicio 2000, tres años y medio después de comenzar el caso Pallerols (abril de 1997), los centros de militantes de Unió reciben 2.194 millones, un 13,5% de los fondos públicos repartidos, que fueron 16.159 millones.

Se trata de una proporción elevada si se tiene en cuenta que los militantes de Unió son, oficialmente, 17.519 personas, es decir, un 0,3% del total censado de población catalana mayor de 18 años (5.288.069 personas).

El elevado porcentaje otorgado este año a los centros de militantes de Unió está influido por el hecho de que han desaparecido de la lista de subvencionados centros pequeños y, en cambio,se mantienen, las academias que reciben asignaciones más grandes.

Algunos propietarios de centros de formación de parados señalaron ayer la coincidencia de que cuando comenzaron a distribuirse los fondos en 1986, el responsable político de su gestión (el director general de Empleo), Josep Maria Servitje, ocupase a la vez el cargo de secretario de Implantación de Unió, es decir, responsable del crecimiento del partido.

Otros propietarios de centros no vinculados a Unió explicaron a este periódico que "convendría conocer los porcentajes de reinserción de parados que tienen los empresarios vinculados a Unió, ya que ésa es la única manera de analizar su eficacia profesional". Sin embargo, el Departamento de Trabajo de la Generalitat manifestó, a través de un portavoz oficial, que los porcentajes de reinserción laboral de los parados formados en los centros próximos a Unió "son secretos, como el del conjunto de los centros colaboradores".