De la Torre niega trato de favor hacia el hermano del concejal de Urbanismo y le multará con 3,5 millones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), rechazó ayer que se haya producido un "trato de favor" en la tramitación de un expediente en el que está involucrado un hermano de su concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, y dio por zanjada esta polémica anunciando que el promotor pariente del edil será sancionado con una multa de 3,5 millones de pesetas -en el caso más negativo para el infractor-, después de iniciar la construcción de 30 chalés sin licencia en la barriada de Churriana. La oposición rechazó ayer dar carpetazo al asunto e insistió en su denuncia de que el gobierno del PP "utiliza una doble vara de medir", reiterando sus críticas de "clientelismo".El gobierno, del PP, y la oposición se enfrascaron ayer en un duro cruce de reproches en la sesión extraordinaria de la Gerencia de Urbanismo. La reunión se convocó para analizar un asunto que la pasada semana se cobró la primera víctima política, con la dimisión del concejal responsable de la barriada, Antonio Álvarez, cuñado de los propietarios de parte de los terrenos. Ramos se ausentó de la comisión, al estar implicado su hermano.

La denuncia del PSOE tiene dos fases. Una primera que afectaba a los 30 chalés sin licencia, que fueron paralizados por el equipo de gobierno. Y una segunda, relativa a sendas promociones anteriores en la misma zona y de la que los socialistas insisten en que 16 de las 33 viviendas programadas también se realizaron sin autorización formal, ya que pese a existir licencia, estaba condicionada por la realización de un plan de urbanización que no se aprobó hasta ayer en Urbanismo.

Todo ello aderezado con licencias que se conceden en poco más de una semana, informes que no aparecen en los expedientes y condicionantes que se incluyen y no se tienen en cuenta, como se encargó de relatar el portavoz socialista, Francisco Oliva: "Todas estas peculiaridades incluso las puedo comprender una a una, pero todas en el mismo expediente y que ese expediente sea del hermano de un concejal, es ya mucho creer".

En el caso de la primera denuncia, nadie discute la ilegalidad. El PP defiende que la paralización se decretó en cuanto se tuvo conocimiento y la oposición recuerda que tres meses antes la propia gerencia se enteró de la ilegalidad y no llegó a actuar. Una opinión a la que no respondió ayer el alcalde. En la segunda denuncia, las interpretaciones difieren y el informe del secretario municipal, expresado ayer en la comisión, no fue muy concluyente. El secretario admite que las licencias estaban concedidas, pero recordó el requisito previo de que era necesario el plan de urbanización, lo que podría interpretarse como una infracción parcial. De todas formas, entendía que la situación era subsanable y se podía convalidar. Para el gobierno del PP, por tanto, "la situación es a todas luces legal".