El catedrático Queralt afirma que los delitos se reducen cogiendo a los delincuentes
Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, considera que antes de reformar las condenas del Código, hay que permitir que se apliquen: "Lo más fácil y barato es cambiar las leyes. Pero en vez de crear más penas, habría que ver cómo conseguimos que se apliquen en la realidad. El incremento de las penas no reduce los delitos, lo que los reduce es coger al delincuente". Queralt confirma la impresión generalizada de que el Código de 1995 es "mucho más duro", al haberse suprimido la redención de penas por el trabajo: "Ahora mismo las cárceles están a reventar y eso que el Código Penal todavía no ha alcanzado su velocidad de crucero, ya que aún se sigue aplicando el antiguo Código de 1973 en aproximadamente la mitad de las causas que se están juzgando".
Para Queralt, "la reforma introducida en el Código de 1995 es buena, pero su gran defecto es que se ha hecho sin poner un sólo duro. Y las cárceles y los equipos de psicólogos cuestan dinero y sólo algunas comunidades y ayuntamientos lo han aportado por la vía de la política social".
Queralt teme que el verdadero alcance de la reforma no sea los tipos penales citados por el ministro Acebes, sino que éste sea un pretexto para introducir medidas de seguridad postdelictuales como las mencionadas por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, que serían verdaderas penas suplementarias tras el cumplimiento de la condena impuesta. Y además, que éstas lleguen a aplicarse no sólo a los convictos por delitos de terrorismo, sino también en casos de asesinato o a delincuentes sexuales.
Sobre la reforma de los tipos penales que persigue el ministerio, el catedrático de Barcelona cree que los ataques a la integridad física en general, están "ridículamente penados", además de que "dar dos bofetadas a la propia esposa se sanciona como una falta".
Violencia doméstica
El artículo 153 castiga la habitualidad de la violencia doméstica con penas de seis meses a tres años de prisión. El catedrático Joan Queralt cree factible elevar este delito a la categoría de "grave", y castigarlo con pena superior a tres años. Respecto a una eventual reforma de los tipos penales relativos a la inmigración, cree que debe abordarse en el mismo paquete que la ley de Extranjería. El catedrático apunta que a los empresarios que contraten mano de obra clandestina podría castigárseles a que no puedan beneficiarse de subvenciones públicas, al igual que se impide a los condenados por delitos contra Hacienda obtener beneficios fiscales durante cinco años.
