Judicial y legislativo tienen capacidad para elegir presidente
Las múltiples cábalas sobre el fin del proceso electoral mantienen a la expectativa a congresistas y jueces
ELECCIONES 2000Jueces del Tribunal Supremo y congresistas estudian estos días qué hacer en el vertiginoso caso de las presidenciales del año 2000. Los jueces, con discreción, y los políticos, con frenético intercambio de estudios e informes. La crisis de Florida abre la posibilidad de que los jueces acaben por decidir quién es el presidente. Los constitucionalistas creen improbable que sea así de un modo directo y aventuran que, en el peor de los casos, será el Congreso el que intervenga para elegir presidente y vicepresidente. La situación es tal que, en teoría, la Cámara de Representantes podría elegir presidente al republicano George W. Bush y el Senado, vicepresidente al demócrata Joe Lieberman.El sistema de justicia norteamericano trabaja a un doble nivel, el propio de los 50 Estados, cada uno de los cuales cuenta con un Supremo, y un sistema federal (nacional). En los dos casos, la última instancia de apelación es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, radicado en Washington, que actúa como Tribunal Constitucional. En ambas vías tienen demócratas (estatal) y republicanos (estatal y federal) presentadas peticiones, que podrían elevar en caso de desacuerdo último al Supremo de Estados Unidos. Las elecciones son competencia de los Estados y los tribunales de otras jurisdicciones son remisos a abordarlas. Harvey Rishikov, experto constitucionalista que fue colaborador de William Renquist, actual presidente del Tribunal Supremo, subraya el aspecto jurisdiccional. "Para llegar al Tribunal Supremo tiene que plantearse una cuestión constitucional y eso es difícil", dice. El Supremo de Washington ve asuntos en los que se han violado derechos básicos, como el que haya habido discriminación racial ante las urnas, según alega el demócrata Jesse Jackson que ha ocurrido en Florida. Hasta ahora, la campaña de Al Gore no ha presentado pruebas en esa dirección. Sus alegaciones tienen que ver con errores en el recuento de votos.
Rishikov cree que las posibilidades de que la crisis se resuelva en un tribunal nacional son muy escasas. La atención está centrada en el Supremo de Florida, que en un fallo de 1998 señaló que los tribunales de ese Estado pueden anular elecciones si hay "dudas razonables de que los resultados oficiales expresen la voluntad de los votantes". Ha habido casos en el pasado de conflicto en consultas locales, pero nunca se han enfrentado los tribunales a la perspectiva de anular unos resultados en todo el Estado.
Todo es terreno no explorado, que cada día ofrece nuevas sorpresas. El repetir la votación, como reclaman algunos perjudicados, parece entrar en contradicción con el principio sentado por el Supremo de Estados Unidos de que la consulta electoral se ha de hacer en todo el país el mismo día.
Los parlamentarios se preparan para actuar. Tom DeLay, jefe del grupo republicano en la Cámara de Representantes y un auténtico halcón, ha enviado un informe de dos páginas a todos los congresistas republicanos donde, sin mencionar ningún nombre ni ningún Estado, les recuerda que Cámara y Senado pueden repudiar cualquier resultado que les presente el Colegio Electoral si lo consideran viciado. Samuel Issacharoff, de la Universidad de Columbia y coautor de The Law of Democracy (La ley de la democracia), cree que el Congreso no se quedaría cruzado de brazos si Gore sale elegido con menos de 270 votos en el Colegio Electoral. DeLay también podría lanzar sus huestes contra Gore si el vicepresidente gana Florida con el voto contado a mano, sufragio al que se oponen los republicanos.
Basta que un representante y un senador objeten el 6 de enero, en la reunión conjunta de ambas Cámaras para conocer el resultado de la votación del Colegio Electoral, para que quede paralizada la elección. Las dos Cámaras discutirían por separado y en caso de no haber acuerdo la Cámara de Representantes elegiría presidente y el Senado, vicepresidente. En la Cámara baja, los representantes se agruparían por Estados y cada Estado emitiría un voto en función de su mayoría ideológica (a falta de resultados definitivos, probablemente 28 republicanos, 18 demócratas y cuatro delegaciones empatadas), lo que favorece a Bush. En el Senado cada senador tiene un voto y, a la espera de un escaño aún no atribuido, es posible un empate a 50. El desempate lo desharía el presidente del Senado, Al Gore.
En caso de que llegara el 20 de enero (Inauguration Day) sin que las Cámaras hubieran elegido presidente y vicepresidente, asumirá la presidencia interinamente el speaker (presidente) de la Cámara, el republicano Dennis Hastert. Si renuncia a ello, el más anciano de los senadores, Storm Thurmond, que el mes que viene cumple 98 años. El orden sucesorio sigue con los secretarios de Estado, Tesoro y Defensa y demás ministros. Madeleine Albright, la secretaria de Estado, queda descartada por haber nacido en la antigua Checoslovaquia, por lo que el tercero según la ley de Sucesión Presidencial sería Lawrence Summers, secretario del Tesoro.
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