Cajas de ahorro: cuotas participativas

Las palabras del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, desde China acerca de la necesidad de despolitizar las cajas de ahorro han activado de nuevo la actualidad sobre este sector tan significativo del sistema financiero español. No sólo sobre la profesionalización de su gestión, sino también sobre las necesidades de crecimiento que tienen las cajas para competir en un entorno globalizado -con los megabancos que se están generando tras las fusiones- y en un mercado, el de la zona euro, que está unificando aún más el espacio financiero europeo.Algunas de las principales cajas han planteado un instrumento novedoso para aumentar sus recursos propios: las cuotas participativas. En esencia, estas cuotas son acciones sin voto, acciones sin derechos políticos. Se trata de títulos nominativos, con remuneración variable, ligados a los beneficios de la entidad que los emite. Al no tener derechos políticos, las cuotas participativas no alterarían el equilibrio de los actuales grupos representados en los órganos rectores de las cajas de ahorro: corporaciones municipales y, en algunos casos, comunidades autónomas; entidades fundadoras, impositores y empleados.

En teoría, las cuotas participativas no son nuevas, aunque sí en la práctica. Se contempla su existencia en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 1988, pero apenas han sido utilizadas. En 1988, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) hizo una emisión en forma de cuotas participativas de asociación que sólo podían ser adquiridas por las cajas de ahorro confederadas, por lo que no se consideró como una forma de apelación directa y abierta a los mercados de valores. La experiencia durmió en el sueño de los justos hasta que al final de la pasada primavera, Caixa Galicia anunció una emisión de cuotas que quedó suspendida mientras la Xunta de Galicia aprobaba un reglamento de las mismas para dicha comunidad autónoma.

Otras cajas han manifestado el mismo interés en hacer emisiones de este instrumento financiero, por lo que el Banco de España y el Ministerio de Economía se pusieron a trabajar en una norma que desarrollase las fórmulas de aumentar los recursos propios a través de cuentapartícipes. Además, si se llegan a emitir las cuotas, el tradicional reparto de beneficios de las cajas quedaría alterado. Hasta ahora, los beneficios de una caja se dedican a dotar las reservas y a la obra social; con las cuotas se abriría un tercer capítulo consistente en su remuneración.

Las autoridades financieras estatales pretenden poner en vigencia una norma que homogeneice en todas las comunidades autónomas las condiciones de emisión de las cuotas participativas, que juegan idéntico papel que el capital social de los bancos. Las cuotas jugarían un doble papel, como instrumento de capitalización de las cajas de ahorro (lo que exige que las condiciones básicas de su utilización sean las mismas para todas las entidades) y como instrumento llamado a ser negociado en los mercados de valores.

No todo el mundo, ni siquiera en el sector de las cajas de ahorro, está de acuerdo en la activación de las cuotas participativas. Los críticos temen que éste sea el caballo de Troya de los bancos para la privatización encubierta de las cajas, que en diversos momentos han pedido los propios bancos (un banco no puede comprar una caja; una caja, sí puede comprar un banco), el FMI o lobbys como el Círculo de Empresarios. Por ello, los partidarios de las cuotas exigen que se pongan límites a los tenedores de títulos; para evitar que un banco pueda tomar el control de una caja a través de este mecanismo. Ese temor es el que ha evitado que se hayan emitido cuotas participativas, a pesar de estar contempladas por ley desde 1988.