"Andalucía necesita endeudarse para salir de su atraso histórico"

Pregunta. El próximo miércoles presentan ante el Parlamento sus propuestas de cambios al proyecto de Presupuestos de la Junta, ¿serán muchas?Respuesta. Nosotros, claro, tenemos varias discrepancias con estos Presupuestos, pero también algunas coincidencias, sobre todo con los objetivos. Coincidimos en el objetivo de reforzar las políticas de bienestar, de educación, de servicios sociales... La oposición ha descalificado los Presupuestos por continuistas pero para nosotros el continuismo en esto es positivo. Estamos de acuerdo con el refuerzo en políticas de generación de empleo y con el respaldo que se da a todo lo que sea fruto de la concertación social. Y también queremos que Andalucía se incorpore a la sociedad del conocimiento, aunque aquí hay que detallar más los programas con los que se piensa hacer.

P. ¿Y las discrepancias?

R. Una, radical, sobre que la prioridad del presupuesto sea el déficit cero. Esa aspiración puede ser hasta loable, pero para Andalucía es una perversidad, es un factor que nos aleja de la cohesión interna y con relación a otras zonas del país. El déficit cero que se persigue en Andalucía es dejar de poner en circulación 23.000 millones de pesetas en inversión, al no volver a repetir el nivel de endeudamiento de este año; eso es lo que cuesta el déficit cero. Por un compromiso con el Gobierno central, que no sé muy bien a que viene, Andalucía no se puede permitir el lujo de dejar de satisfacer sus necesidades.

P. ¿Le quedaba otra alternativa a la Junta?

R. Creo que sí, tiene margen; lo tenía en los Presupuestos de 2000, al menos podía volver a repetir el mismo nivel de endeudamiento. Andalucía necesita endeudarse, de un modo razonable, para salir de su situación de atraso histórico. Además, en esto el Gobierno central no se merece lealtad, entre otras cosas porque el Presupuesto General del Estado sigue tratando mal a Andalucía, no reconoce el censo y recorta los fondos europeos para nuestra comunidad. El déficit cero significa resignarse y eso no tiene ninguna justificación, a no ser que dejemos que la economía pase como un caballo a galope por encima de la política

P. ¿Plantearán alguna modificación concreta en los Presupuestos?

R. Hemos encontrado una reducción en las partidas del salario social que no está en absoluto justificada, si no es para sostener esa política económica del déficit cero. Aspiramos a que en el trámite parlamentario crezca hasta alcanzar los 5.000 millones de pesetas, 1.000 más de lo presupuestado. Hay un excedente con relación a 2000 que podría cubrir esta diferencia: me estoy refiriendo a la bajada en las pensiones sociales que se produce porque cada vez hay menos personas mayores en ese sistema. Ahí hay un ahorro social de cerca de 3.000 millones que debería reforzar otra carencia no cubierta como la que señala el salario social. La Junta no tiene que rebuscar mucho.

P. ¿Hay más partidas damnificadas por esa política de déficit cero?

R. El programa principal del plan industrial de Andalucía tiene una reducción importante: la inversión industrial en la comunidad puede bajar en torno al 6%. Esa es otra consecuencia del déficit cero.

P. No es la primera vez que se reducen las políticas de fomento industrial.

R. Esa es una política errática. El Gobierno de Andalucía debe centrarse al máximo en aprovechar las potencialidades industriales que tiene la región, que las tiene; sobre todo en el sector agroalimentario, que no está desarrollado como para tocar muchas palmas. Éste es un sector en el que hay que invertir no sólo dinero, también imaginación y esfuerzo. Aquí la Junta está siendo conformista.

P. El objetivo de inflación que marcan los Presupuestos Generales del Estado, un 2%, parece que se va a quedar muy corto.

R. Los empleados públicos van a volver a sufrir una situación de injusticia. Aquí llueve sobre mojado. Hay más elementos, no sólo el incremento salarial; hay una ley básica que obliga a todas las administraciones, aprobada hace tres años, que dice que de las bajas de empleo público sólo puede sustituirse con funcionarios el 25%, para contener así el gasto corriente. Esto significa que se castiga el empleo público. Según nuestros datos, en estos últimos tres años, el empleo precario baja tres puntos en el sector privado y sube tres puntos en el sector público.

P. La Junta establece una subida salarial para sus funcionarios de un punto por encima de la inflación, ¿es suficiente cuando el IPC real está en el 4%?

R. La mejor fórmula es que el incremento salarial se ajuste más a la realidad de la inflación, porque esto tiene una parte perversa: si el Gobierno llega a acuerdos posteriores con los sindicatos, como el año pasado, lo hace solo con los empleados de la Administración central, lo que significa que las comunidades autónomas deben cargar sobre sus presupuestos el ajuste para que sus empleados no pierdan poder adquisitivo, porque las transferencias del Estado sí que no crecen por encima del objetivo teórico de inflación. Con el objetivo del 2% que no se cree nadie, el Gobierno central castiga a los que peor están: a los que perciben el salario mínimo, a todos los dependientes de subsidios pierden poder adquisitivo. Es algo absolutamente injusto, pero coherente con un Gobierno de derechas.

P. Estos presupuestos deberán adaptarse al nuevo acuerdo de concertación social, ¿cómo van las negociaciones?

R. Los empresarios pueden tener una posición distinta esta vez, porque tienen presiones del PP, que ha interpretado erráticamente que la concertación beneficia al Gobierno y no al interés general. No obstante, hemos tenido unas reuniones con Rafael Álvarez Colunga [el presidente de la CEA] y ha quedado claro que su posición es trabajar por llegar a acuerdos. Aquí los empresarios viven muy bien y ganan mucho dinero y deben reinvertir en el desarrollo económico y social. Y eso requiere abandonar posiciones numantinas, como que la organización del trabajo es una competencia exclusiva del empresariado.

P. En el acuerdo de concertación, ¿se puede avanzar en la reducción de jornada?

R. Creo que poco, en la concertación al menos. En el sector privado, el tema de las 35 horas tiene que contar con una posición más abierta de los empresarios: la mejor manera de avanzar ahora es con la negociación colectiva, en muchos convenios ya se está reduciendo la jornada.

P. Las partidas presupuestarias para incentivar el empleo ¿son suficientes?

R. Habría que incorporar nuevos criterios, sobre todo en los fondos que nos vienen del Gobierno central. En este momento, en España, conviven zonas próximas al pleno empleo como Navarra o Aragón con zonas con el 25% de paro, como estamos nosotros. Eso demanda una política para corregir los desequilibrios territoriales: hay que hacer acciones de discriminación positiva territoriales. Igual que en esas políticas hemos primado más el empleo que se genera en determinados colectivos, como las mujeres, los parados de larga duración, etc, ese plus debe aparecer en términos territoriales. Es decir, que si el empleo se crea en Andalucía, que es la zona más afectada debe recibir más incentivos que en otras regiones.