El Parlamento vasco pide a Ibarretxe que suprima de los presupuestos la subvención a Udalbiltza

El Parlamento vasco aprobó ayer una proposición que insta al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a eliminar de los presupuestos una partida de 25 millones de pesetas para la asamblea de electos Udalbiltza. PP, PSE y UA creen que esa institución nacida de la firma del Pacto de Lizarra es un instrumento de ETA que no puede estar financiado con fondos públicos. A pesar del acuerdo parlamentario, PNV y EA subrayaron que esos fondos serán liberados en dos semanas. Ibarretxe, que perdió votación tras votación, evitó pronunciarse repecto a la campaña de desobediencia civil censurada por los jueces.

Poder Judicial

Las derrotas del Ejecutivo se suceden sesión tras sesión, aunque el efecto que produce sigue siendo simbólico, ya que las proposiciones no de ley no obligan a modificar las líneas maestras de la política del Gobierno, pero sí evidencian la situación de un Ejecutivo que, desde el abandono de EH del Parlamento, gestiona sus recursos y hace política a espaldas de los criterios de la mayoría de la Cámara.En el primero de los puntos del orden del día, los partidos de la oposición se apuntaron la victoria y solicitaron formalmente al Gobierno de Ibarretxe que presente en diez días un proyecto de ley para modificar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2000 y anular la partida de 25 millones de pesetas destinada a Udalbiltza.

Ese acuerdo fue un ejemplo más de que el Ejecutivo vasco hace oídos sordos al Legislativo. A pesar de que PP, PSE-EE y Unidad Alavesa (UA) vencieron al Gobierno vasco, tanto PNV como EA dijeron que en diez días estarán firmados los convenios para librar los 25 millones a Udalbiltza, la institución que nació del Pacto de Lizarra, firmado el 12 de septiembre de 1998, y del polémico pacto -desmentido por PNV y EA- con ETA. Para estos partidos es una falsedad relacionar Udalbiltza con la banda armada porque la asamblea de electos tiene bases "totalmente democráticas" y se opone radicalmente a la violencia.

Sin embargo, EH participa activamente en su seno a pesar de que PNV y EA -rompieron su alianza parlamentaria precisamente por no desmarcarse de ETA- anunciaron que iban a asumir la gestión de la asamblea y expulsar a los miembros de EH de su máximo órgano. Socialistas, populares y UA cuestionaron directamente la credibilidad del propio lehendakari frente a una contradicción semejante. Mientras Ibarretxe asegura que la partida está congelada, los dos partidos que lo soportan, PNV y EA, anuncian que van a dar el dinero.

Para el diputado del PP Antonio Damborenea, es incomprensible que el lehendakari diga defender el Estatuto mientra los partidos que le respaldan mantengan una partida económica destinada a una asociación que "tiene entre sus objetivos sustituir a las actuales instituciones". La parlamentaria socialista Pilar Unzalu fue más dura al asegurar que "Udalbiltza y democracia son incompatibles, porque esta asociación forma parte de la estrategia de ETA".

Junto a los fondos del Gobierno vasco, la financiación de la asamblea de electos será soportada con una partida de 93 millones de pesetas que tiene consignada la Diputación de Vizcaya y otra partida de 63 millones en los presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa.

Si la discusión sobre Udalbiltza puso sobre la mesa el poco caso que el Gobierno hace al Parlamento, el debate sobre la desobediencia civil dejó en evidencia que también le hacen oídos sordos al Poder Judicial.El pleno finalizó con varias preguntas del PP y PSE a Ibarretxe sobre si compartía la participación de un miembro de su Gobierno -el director de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, de EA, Juan José Martínez Leunda- en la manifestación convocada en favor de la desobediencia civil el pasado 28 de octubre en San Sebastián, que contó con el apoyo de HB, y que ETA defiende en sus documentos como una vía para avanzar hacia la independencia de Euskadi. Ibarretxe eludió dar su opinión sobre la campaña, y se escudó en la Ley de Gobierno: "Ni el Ejecutivo ni ninguno de sus miembros participó o se adhirió a la marcha, porque sólo son miembros del Gobierno el presidente y sus consejeros".

Y eso a pesar de que el propio titular de Justicia, Sabin Intxaurraga, respaldó y justificó la presencia de su director en la marcha. Respaldo que implícitamente fue ratificado ayer por el propio Ibarretxe, al callar respecto a las dos peticiones de destitución de Martínez Leunda que lanzaron desde los bancos de la oposición.

En un ejercicio de resistencia, las andanadas del PP y PSE contra el máximo representante de un Gobierno que según dijeron "da oxígeno a ETA" y "se ha instalado en la desobediencia civil" rebotaron contra el frontón gubernamental, como un día antes lo hicieron las censuras del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El órgano de Gobierno del tribunal censuró la presencia del alto cargo del Ejecutivo vasco, porque "puede llegar a servir de justificación para realizar actos violentos contra jueces, magistrados y servidores públicos". Tras esa manifestación se precintó simbólicamente la Audiencia de San Sebastián.

Los asesores de Ibarretxe respondieron ayer que ese comunicado "puede vulnerar la Ley Orgánica del Poder Judicial al incumplir el artículo 395 que prohíbe dirigir a los poderes, felicitaciones o censuras por sus actos".