El PP salva al Gobierno de Pujol de la reprobación por el 'caso Pallerols'
El bloque de derechas formado por CiU y el PP mostró ayer su solidez en el Parlament. Los conservadores impidieron la reprobación del Gobierno de Jordi Pujol planteada por los tres partidos de la izquierda como conclusión de un duro debate sobre las irregularidades observadas en el uso de fondos europeos destinados a la formación de parados. El PP elevó el tono de sus críticas y obligó a CiU a votar una resolución de la Cámara en la que "constata y lamenta" las irregularidades que salieron a la luz con el caso Pallerols. Pero no pasó de ahí y a la hora de salvar al Gobierno de Pujol lo salvó.
La izquierda rechazó el intento de cerrar el caso Pallerols con la destitución de un subdirector general, Josep Maria Puig, que era jefe de sección cuando sucedieron los hechos, anunciada anteayer por el consejero de Trabajo, Lluís Franco. Y planteó la reprobación del Gobierno de Pujol ante la negativa del conjunto de la derecha a llevar a cabo una investigación parlamentaria sobre la trama clientelar creada en torno a los fondos europeos para formación ocupacional, sobre la que existen sospechas y denuncias de que servía por lo menos en parte para financiar a Unió Democràtica. Los socialistas advirtieron por boca de su portavoz, Joaquim Nadal, de que el debate "no ha aclarado nada ni ha disipado las dudas" y de que, ante la negativa de CiU a realizar una investigación parlamentaria, es de prever que continúe el goteo de informaciones, que "agrandará la mancha" sobre el prestigio de la Generalitat. "Ustedes sellan hoy un pacto de supervivencia", afirmó Nadal, "pero ésta es una herida que no se cura con una tirita".
El PP había dejado claro que apoyaría a Pujol en este trance, en el que sus 12 votos eran imprescindibles para los nacionalistas, sólo si el grupo parlamentario de CiU le votaba íntegramente todas las propuestas de resolución que presentaba. La primera de ellas decía que el Parlament "constata y lamenta" las irregularidades en la gestión de los fondos ocupacionales. La segunda instaba a "depurar las responsabilidades correspondientes" mediante el inicio de "los expedientes disciplinarios o los ceses que haga falta".
Pero la izquierda consideró que esta vía es un nuevo intento de derivar las responsabilidades hacia lo que el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Josep Huguet, calificó de figuras de "tercera fila". El diputado republicano rechazó esta vía. "Aquí se habla de fondos desviados hacia partidos y en cualquier país de tradición democrática eso habría llevado ya a dimisiones de altura", sentenció
El diputado Joan Boada, de Iniciativa-Verds (IC-V), destacó que ayer mismo se conoció la suspensión de nuevos fondos para formación ocupacional, en este caso procedentes del Inem. "Estamos ante una sinfonía inacabada", dijo. El apoyo de PP al Gobierno de Pujol en este caso sólo se explica, aventuró Boada, como devolución de los favores que los diputados de CiU hicieron al Gobierno de José María Aznar en la pasada legislatura en asuntos tan críticos como "el caso Ercros y el escándalo de las subvenciones al cultivo del lino".
Las votaciones mostraron la división de la Cámara en dos bloques separados por un escaño: 68 de CiU y el PP, por 67 de la izquierda.
El PP tuvo que ir a buscar a una diputada en una grave situación familiar para salvar a CiU
El apoyo prestado ayer por el PP al Gobierno de Pujol se realizó en unas circunstancias que ilustran la solidez del compromiso que les une y la precariedad de su mayoría. Los tres partidos de la izquierda rechazaron la petición que antes de las votaciones les hizo el presidente del PP, Alberto Fernández Díaz, para que renunciaran a uno de sus votos para equilibrar la ausencia de una diputada conservadora, María Ángeles Esteller, ausente por una gravísima situación familiar. La negativa obligó al PP a forzar la asistencia de su diputada, y así fue como la derecha sumó los 68 escaños frente a 67 de la izquierda.Fernández acusó luego a los socialistas, y en particular a Pasqual Maragall, de haber tenido una "actitud miserable". El PSC hizo notar, sin embargo,que quien tenía un problema grave era CiU, y pese a ello nadie de CiU movió un dedo para resolverlo. Quedó claro, a su juicio, que el PP tenía la obligación imperiosa de evitar la derrota del Gobierno de Pujol. Mientras, Aleix Vidal-Quadras declaraba en una emisora que a él, en su lugar, no le hubiera temblado el pulso "para derrocar al Gobierno de Jordi Pujol".
Finalizado el debate, el líder de Unió Democràtica (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, consideró llegado el momento de responder a las acusaciones de financiación irregular que pesan sobre su partido. Lo hizo para destacar que una de las pocas resoluciones de la oposición aceptadas por CiU era la que, presentada por ERC, proponía realizar una auditoría de la Intervención de la Generalitat en todos los centros relacionados por los medios de comunicación con presunta financiación irregular de Unió. "Ni uno de estos centros dejará de ser auditado", afirmó, "y espero que cuando se demuestre que no ha habido financiación irregular, quienes han formulado las acusaciones tendrán la humildad de reconocer la honestidad de Unió".
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