Coordinación judicial y coherencia política

Considera el autor que la reforma penal que plantea el Gobierno central va contra la búsqueda de un espacio judicial europeo.

El Parlamento Europeo ha votado esta semana en Estrasburgo el Informe Roure relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera. Desde Eusko Alkartasuna, con independencia de las críticas puntuales, nos hemos mostrado partidarios de la futura creación de una convención que facilite la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, así como las diferentes medidas que para alcanzar esos fines se proponen.En el marco de una Europa asentada en una Carta de Derechos Fundamentales y en una Constitución Europea, reto que aun tenemos pendiente en la UE, crear un espacio común de libertad, seguridad y justicia es, obviamente, una aspiración que compartimos. Consideramos importante el que esta convención mencione la limitación estricta de los motivos de denegación de la asistencia judicial por parte de los Estados únicamente a "intereses esenciales", superando así las nociones de soberanía, orden público y seguridad nacional vigentes hasta el momento.

Pero, aun siendo este un paso adelante, sigue siendo insuficiente. Y ello, principalmente, porque nos parece todavía inadmisible que se permita que un Estado pueda apelar a un "interés general" para poder negar la cooperación judicial en materia penal. Ello demuestra, una vez más, que a los Estados les queda mucho por aprender sobre el significado de la soberanía compartida. Además, debo recordar, como diputado vasco, que se sigue insistiendo en la cooperación entre Estados, sin tener en cuenta que existen otros cuerpos de policía operando en la UE que no son de ámbito estatal.

Este informe y, en general, el espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa se funda en la democracia y en el Estado de derecho que debe reinar en la UE. Es por ello que lo que más me preocupa del futuro de la cooperación judicial en la UE es que se pueda dar el supuesto de que algún Estado miembro esté proponiendo reformas penales que rozan la vulneración de los derechos humanos. Como es sabido, el Gobierno español ha propuesto una reforma penal para endurecer las penas de ciertos tipos de delitos. En concreto, esta legislación especial contempla penas de reclusión de hasta diez años de cárcel para menores de 14 años, por no citar otras medidas.

Estamos convencidos de que Europa debe construir ese espacio de libertad, seguridad y justicia que tantas veces citamos en nuestros programas y en nuestras intervenciones en los distintos foros parlamentarios. Seremos los primeros en apoyarlo, pero de verdad, combatiendo a la vez tanta hipocresía y tanto mirar para otro lado, como ha sucedido con el reciente auto del juez Garzón contra la Fundación Jose Miguel Zumalabe, por ejemplo. Pero debemos, precisamente por esa política de coherencia, llamar la atención sobre posibles reformas penales que pueden tener lugar en diferentes Estados. Reformas que se pudieran realizar -como es el caso del Estado español y del Partido Popular en el poder en este momento- aprovechando una coyuntura determinada, e incurriendo en comportamientos que no dejan de ser preocupantes para quienes creemos en un marco europeo de libertades y democracia. Porque cualquier reforma relativa a derechos fundamentales y a las libertades se debe realizar de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre los mismos. Por otro lado, Unicef, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado han coincidido en considerar dichas reformas vulneradoras, desproporcionadas y que sustraen a las administraciones competentes -en nuestro caso, a la vasca- la ejecución de las medidas que se proponen.

Ésa es nuestra idea, radical, de la justicia, su coordinación y sus posibles alteraciones y adecuaciones a los cambios de la realidad social sobre la que tiene que actuar. Por el contrario, los comportamientos que denunciamos se sitúan muy lejos de nuestras hondas convicciones democráticas. La legislación penal es algo demasiado serio como para que pueda ser modificada por razones de coyuntura, pretendiendo tapar con ello la falta de eficacia en la gestión de otros recursos que la democracia y el Estado de derecho proporcionan para hacer frente a los problemas.

Gorka Knörr Borrás es secretario general de EA y europarlamentario.