Ruiz-Gallardón descarta la 'ley seca' nocturna, pero prohibirá vender alcohol en las gasolineras

El Gobierno de la Comunidad ha descartado imponer una ley seca que impida la venta de alcohol a partir de las diez de la noche en los comercios de horario nocturno, tipo Vips y Seven Eleven, pero estudia prohibirla por completo en las gasolineras de la región y restringirla en las inmediaciones de determinadas instalaciones, como los colegios y otros centros de enseñanza. La medida intenta evitar el acceso fácil a la bebida de los jóvenes madrileños, que cada vez beben más durante los fines de semana y se inician antes en el alcohol, según un reciente estudio de la Comunidad.

Numerosas críticas

La propuesta de prohibir la venta de alcohol desde las diez de la noche era una idea del consejero de Economía regional, Luis Blázquez, cuya eficacia fue puesta en duda ayer por el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, al explicar las razones de su rechazo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según el jefe del Ejecutivo regional, una prohibición semejante no ofrece garantías de éxito, "fundamentalmente por la facilidad de anticipar la compra" del alcohol al horario restringido.El presidente madrileño anunció, en cambio, que sí está en estudio la aprobación de una serie de medidas restrictivas que incidan sobre los lugares de venta de bebidas alcohólicas. En ese sentido, afirmó que "no parece razonable que una gasolinera sea un lugar adecuado para vender alcohol, siendo un establecimiento al que generalmente se accede conduciendo un vehículo".

Mientras en el caso de las gasolineras aseguró que "se prohibirá expresamente" la venta de alcohol, el resto de restricciones, como la que sugirió para el entorno de los centros escolares, está pendiente todavía de estudio.

Blázquez apuntó ayer que su propuesta de imponer una ley seca nunca fue presentada formalmente al Consejo de Gobierno, aunque sí hubo un estudio combinado entre las áreas de Comercio y Turismo de su departamento sobre el consumo de alcohol.

La propuesta de Blázquez recibió el miércoles las críticas del gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera, quien advirtió de que una medida semejante generaría un "mercado negro de alcohol imposible de controlar". A estas críticas se sumaron ayer la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y el Consejo de la Juventud.Para el portavoz de la CECU, Antonio López, sería imposible controlar "cómo y dónde" se va a aplicar la prohibición. "Puede que sólo se controle en las zonas de ocio del centro de Madrid y, por ejemplo, en San Blas no, y allí puede haber una tienda perdida que vende alcohol por la noche sin que nadie la controle", explicó.

Por su parte, el Consejo de la Juventud de Madrid opina que prohibir la venta de bebidas alcohólicas a partir de las diez de la noche no atajaría el problema del alcoholismo juvenil y, además de fomentar el mercado negro, incrementaría la cultura del "botellón". La presidenta del Consejo, Nuria Ayuso, dijo ayer que esta iniciativa "sería volver al Chicago de los años veinte", sin que se remediara el problema del consumo abusivo de alcohol por los jóvenes. A su juicio, en Madrid, aplicar esta restricción desembocaría "en que los jóvenes compraran las bebidas a las cuatro de la tarde, las guardaran y empezaran a consumirlas a las diez de la noche en plena vía pública".

La iniciativa del Gobierno regional de prohibir la venta de alcohol en las gasolineras es idéntica a una propuesta del consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, para modificar en ese sentido la Ley de Drogas de la comunidad andaluza. Sin embargo, la propuesta completa del consejero andaluz incluye también la prohibición de la venta de alcohol desde las diez de la noche en todos los establecimientos, a excepción de bares y restaurantes. También los Gobiernos regionales de Cataluña y la Comunidad Valenciana han implantado la ley seca nocturna en sus respectivos territorios.

El planteamiento avanzado ayer por Ruiz-Gallardón no detalla quién tendrá la potestad sancionadora para casos de incumplimiento de la medida. En Andalucía se prevé trasladar dicha potestad a los ayuntamientos a través de la policía local.