La presidencia de EE UU queda en el limbo judicial en medio de las demandas cruzadas

Por segunda vez en 24 horas, el Tribunal Supremo de Florida, desautorizó ayer a la secretaria de Estado, Katherine Harris, dictando que los recuentos manuales de votos (a los que ella y los republicanos se oponen) pueden proseguir. Horas antes, Harris había creado una conmoción nacional al rechazar su inclusión en el resultado electoral final, que ella quiere certificar mañana mismo. Pero otro juez de Florida que le ordenó con anterioridad que "no fuera arbitraria" en sus decisiones, fallará hoy si tiene que incluirlos. En un tercer frente legal, los republicanos pidieron al Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta que derogue la ley electoral de Florida y cancele el escrutinio a mano que se lleva a cabo en los condados de Palm Beach y Broward.

La presidencia de Estados Unidos volvió a quedarse anoche en un limbo judicial. Los fallos y las audiencias judiciales del día eran parte del fuego cruzado habitual entre republicanos y demócratas, pero la saga por la Casa Blanca ha llegado a tres niveles superpuestos de realidad: el jurídico, el recuento manual que continúa, y la certificación oficial preliminar de las elecciones dada por Harris. Si esta última no la impiden los dictámanes judiciales pendientes, el país se puede encontrar mañana con un "presidente certificado", casi con toda seguridad Bush, y otro "presidente por mayoría de votos" llamado Gore.La ofensiva legal de los republicanos pretende evitar a cualquier precio esta paradoja que deslegitimaría a su candidato y crearía una crisis constitucional. Pero si no logran que un tribunal detenga completamente el recuento manual, Gore seguirá ganando votos y podría convertirse en el presidente de hecho, elegido en las urnas por los norteamericanos.

En el centro de la explosión que ha creado esta honda expansiva político-legal está la secretaria de Estado y copresidente de la campaña de Bush. Harris canceló de un plumazo en la madrugada de ayer las peticiones de cuatro condados para seguir contando votos, y anunció que certificaría sólo los recibidos hace dos días, a falta sólo de los sufragios por correo para los que se acaba el plazo hoy. "Con la discrección que me otorga la ley he decidido denegarlas. Quiero asegurar que he tomado esta decisión de forma independiente", anunció Harris en Tallahassee, la capital de Florida. Sus palabras agrandaron la avalancha de críticas que a lo largo de toda la semana ha venido recibiendo en los medios de comunicación por sus decisiones partidistas.

Harris no ha dicho en qué criterios se ha basado para invalidar los recuentos -que según todos los indicios cambiarían el resultado de las elecciones a favor del vicepresidente Al Gore-, y se ha limitado a decir que los condados no "habían demostrado que sus razones obedecieran a fraude o desastres naturales". Los demócratas la acusaron ante el juez Terry Lewis de violar la orden que este le había dado de no abusar de su dicrecionalidad. "Su señoría, la ley incluso establece una multa de 200 dólares por día para los condados que certifiquen tarde sus escrutinios, lo cual quiere decir que no es ilegal hacer un recuento", arguyó David Boies, el letrado estrella de Gore durante una vista en el tribunal de Tallahassee, retrasmitida en directo por todas las cadenas nacionales de televisión.

Mientras en las salas de los tribunales de Tallahassee, al norte del Estado, se desenvainaban las espadas republicanos contra demócratas, en el sur se seguían contando los votos a mano. La decisión de la junta de elecciones de Broward de "insubordinarse" a Harris y acatar la orden del Supremo de Florida, aproximaba cada vez más la posibilidad de los dos presidentes. En ese condado hay 588.000 sugfragios. "Por supuesto que vamos a continuar con el recuento manual", decalaraba a la prensa Robert Lee, juez que preside la junta de Broward. Y el congresista demócrata de ese condado, Robert Wexler, acusó a Harris de tratar de descarrilar la democracia.

Y a partir de las seis y media de la tarde (las 0:30 de hoy, hora peninsular española) se le sumó Palm Beach, ya con la luz verde del Tribunal Supremo en su mano. Después de varias órdenes y contraórdenes, de arrancar y parar durante tres o cuatro días, decenas de funcionarios y ciudadanos voluntarios comenzaron el recuento manual de 460.000 votos, bajo la escrupuilosa vigilancia de cámaras, alguaciles, jueces y miembros de ambos partidos.

Ahora son los jueces los que tienen que deshacer el nudo político judicial. Pero los magistrados no son en EE UU ajenos a la política. Todos están nombrados por algún presidente o gobernador de algún partido, aunque nadie duda, al menos abiertamente de su ponderación. El Supremo de Florida es de mayoría demócrata y el Tribunal de Apelaciones de Atlanta, de mayoría republicana. En este último, cuatro de los magistrados fueron nombrados por el padre de W. Bush, el ex presidente George Bush.