Retevisión denuncia a Telefónica ante la CMT por bloquear la competencia en llamadas locales

La batalla por la telefonía local empezó ayer con denuncias en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y los consumidores se quedaron sin poder disfrutar de la competencia en el único segmento en el que se mantiene el monopolio. Retevisión denunció a Telefónica por no haber preparado a tiempo sus centrales para que otros operadores puedan ofrecer llamadas locales con acceso indirecto (con prefijo) a través de su red. El Gobierno dispuso en junio que todo debía estar listo a partir de ayer y achaca el retraso a la falta de acuerdo entre operadoras

La nota difundida por el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio, trasladada a un Real decreto, afirmaba tajante: "A partir del 15 de noviembre habrá competencia en llamadas locales. Se introduce la posibilidad de realizar llamadas locales con acceso indirecto, es decir, marcando el prefijo de un operador alternativo [a Telefónica] tal y como se hace ahora con las llamadas internacionales, interprovinciales, provinciales y de fijo a móvil". No pudo ser.El portavoz del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el departamento que publicó las normas de interconexión entre operadoras a primeros de noviembre, aseguró ayer que el Ejecutivo "ha hecho todo lo que está en su mano" y achacó la imposibilidad de que los usuarios disfruten del servicio a la falta de acuerdo entre Telefónica, propietaria de la red local, y el resto de las operadoras que ya ofrecen acceso indirecto para las llamadas de larga distancia. Ciencia y Tecnología recordó que la Comisión Europea ha fijado el 1 de enero de 2001 como fecha para que todos los Estados miembros abran la telefonía local a la competencia, sobre las redes de los antiguos monopolios, y que España pretende adelantarse.

La CMT enfrió las expectativas al afirmar que "por motivos técnicos, no se va a poder hacer [la implantación del acceso indirecto en llamadas locales] hasta dentro de un tiempo", informa Servimedia. Según sus estimaciones, Telefónica tiene que adaptar 3.000 centrales en toda España para que otras operadoras puedan prestar este servicio.

Según Retevisión, la compañía que estrenó en España el acceso indirecto para llamadas de larga distancia en 1998, el operador dominante no ha realizado los ajustes necesarios, por lo que ha decidido denunciar a Telefónica ante la CMT. Según la denuncia, "el retraso e incertidumbre en la provisión del servicio de interconexión solicitado impide a retevisión desarrollar las acciones necesarias para competir (...) e impide el lanzamiento de las ofertas para comercializar este servicio que tienen preparadas".

Telefónica, por su parte, asegura que viene negociando con Retevisión y otras operadoras las condiciones de interconexión. Fuentes de la compañía aseguran que ayer mismo enviaron cartas anunciando que "se han concluido los trabajos necesarios para la interconexión" de los equipos, pero que los nuevos competidores no han precisado a qué centrales quieren conectarse para empezar a dar el servicio.

El litigio se produce sólo unos días después de que la Audiencia Nacional confirmara la sanción de 1.400 millones impuesta por el Tribunal de la Competencia a la compañía que preside César Alierta por "obstruir la competencia". Además, estalla el día en que Telefónica nombró un nuevo director de relaciones institucionales, Calixto Ríos, antiguo director financiero de Tabacalera y responsable de planificación de Altadis. Retevisión también nombró ayer nuevo presidente a José Luis Marín, director general de diversificación de Endesa.

Conflicto legal

En medio de la batalla, las organizaciones de consumidores OCU y CEACCU mostraron su "desilusión" por el retraso y pidieron a la CMT que actúe. El pasado julio, la CMT, dependiente de Economía, multó a Telefónica con 450 millones por no facilitar el servicio de preasignación a Aló y BT. A este conflicto se añade el reactivado en la Audiencia por el recurso de Uni2 y Ferrovial contra el concurso de licencias de móvil UMTS que el Gobierno resolvió en marzo, dos días antes de las elecciones. La Audiencia Nacional dio el 8 de noviembre 10 días a las partes para presentar alegaciones.