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Jesús Gil dice que dará licencias hasta que le pare el Constitucional

Jesús Gil ha vuelto a declarar la guerra a la Junta por el nuevo rechazo a su planeamiento urbanístico. El alcalde de Marbella anunció ayer su intención de aprobar de forma "definitiva" en el plazo de 15 días el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y aseguró que "estará en vigor hasta que el Constitucional lo pare o diga lo contrario". Mientras tanto explicó que procederá a ratificar todas las licencias concedidas hasta ahora y que dará otras nuevas.

30 millones por dimitir

El Ayuntamiento de Marbella presentará varios escritos ante la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez del Castillo, algunos de ellos "firmados por catedráticos", contra la decisión de Urbanismo de denegar el texto refundido elaborado por los técnicos municipales de Marbella, informes que posteriormente elevará al Tribunal Supremo. Con esta medida, Jesús Gil pretende demostrar que los componentes de la comisión de Urbanismo de Málaga "ni siquiera llegaron a leer" los documentos aportados por su grupo. Para Gil, el Gobierno andaluz "no tiene competencias para aprobar y publicar el Plan General de 1986" ni para dejar sin efecto aquello que se había aprobado definitivamente. Gil no dejó títere con cabeza. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación hizo un repaso pormenorizado de todos los temas relacionados con su gestión al frente del Ayuntamiento, y con las últimas deserciones de cargos de su partido. Explicó que el lunes envió al Tribunal de Cuentas documentación complementaria sobre los 40.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar, detectados por el máximo órgano fiscalizador. En concreto se refirió a los justificantes sobre el valor de las obras realizadas desde 1991, año en el que fue elegido alcalde, hasta la fecha. "Hemos mandado los primeros 20.000 millones y dentro de otros ocho días se enviarán los restantes 20.000 que ya están justificados", apuntó.

Además Gil y Gil presentó ayer mismo una recusación contra los fiscales Anticorrupción Carlos Castresana y Carlos Jiménez Villarejo, a los que acusó de "arbitrariedades" y "persecución" durante la instrucción del caso Atlético, por el que ha sido condenado a 28 años de inhabilitación.

También aludió a la masiva afiliación de militantes del Grupo Independiente Liberal al PSOE de La Línea de la Concepción. "No tenemos nada que ver con estos que dicen que se han ido del GIL a otro partido. No sabemos de que va esto", replicó, y reconoció discrepancias con la política seguida por el alcalde linense, de su partido, Juan Carlos Juárez, al que dio una reprimenda. "Roma no paga a traidores y yo no me hago responsable de determinadas actuaciones", apuntó y anunció que se reunirá con Juárez la próxima semana para "poner las cosas claras, saber quien es quien, por qué está ahí y quién le ha aupado ahí".

Tampoco el ex alcalde de Casares, Francisco Herrera, se libró de las críticas del mandatario marbellí. En este caso, Gil acusó a Herrera, que accedió a la alcaldía bajo las siglas del GIL, de haber cobrado 30 millones de pesetas por dimitir como regidor, abandonar las filas de su partido y dar su apoyo a IU, cuyo portavoz José Sánchez, le sucedió en el cargo. Sánchez tachó de "disparate" la denuncia realizada por Gil, y anunció que trasladará sus declaraciones a la Fiscalía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de noviembre de 2000

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