Igualdad religiosa y poderes públicos XAVIER RIUS-SANT

La falta de una decisión del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat sobre la participación que deben tener en la construcción de una mezquita suficientemente amplia para los musulmanes de Barcelona y su entorno puede provocar un absurdo conflicto con la comunidad islámica. Existe un malestar expresado hace años que ha aumentado últimamente por la insuficiente capacidad de la docena de lugares de culto que hay en el área barcelonesa.Los musulmanes se quejan de que no encuentran locales dignos y lamentan que no se hayan desarrollado ni aplicado los acuerdos firmados en 1992 entre el Gobierno español y la Comisión Islámica de España, que les garantizan los mismos derechos que a la Iglesia católica, en especial que los contribuyentes musulmanes puedan indicar en su declaración de renta el deseo de que un porcentaje de sus impuestos sea destinado a los centros de culto. La falta de unidad entre los distintos grupos de la Comisión Islámica, especialmente entre la Federación de Entidades Religiosas Islámicas y la Unión de Comunidades Islámicas de España, ha sido una de las causas por las que el Gobierno central ha justificado tantas veces su demora en desarrollar este acuerdo. Pero según los colectivos musulmanes esto sólo ha sido una excusa del Gobierno, que no desea tratarles en igualdad de derechos con la Iglesia católica.

Pero tan cierto como que tienen todo el derecho a exigir esa parte de sus impuestos al Gobierno central es que, en principio, no corresponde ni a las administraciones municipales ni a la autonómica financiar los problemas de goteras o de calefacción del seminario conciliar, del salón del reino de los Testigos de Jehová de Horta, de la iglesia evangélica de la calle de Tallers ni de ninguna de las mezquitas existentes. Y la problemática para conseguir locales para las mezquitas de barrio en el Raval o en L'Hospitalet de Llobregat no es muy distinta de la que tienen los inmigrantes para encontrar viviendas dignas. Y en este contexto entra en escena el ofrecimiento del Gobierno de Arabia Saudí para financiar -y tal vez mantener y dirigir- la nueva mezquita de Barcelona si el Ayuntamiento y la Generalitat colaboran.

La experiencia del Centro Cultural Islámico de Madrid, construido por el Gobierno saudí, que imparte una visión del islam que no coincide con la de la mayoría de la comunidad musulmana de España y una doctrina social en ciertos aspectos antagónica al principio de laicidad de la sociedad y universalidad de los derechos humanos, frenó hace dos años el apoyo de las autoridades barcelonesas y catalanas a la oferta saudí.

Barcelona dispone de la ocasión del Fòrum 2004 para asumir la construcción de esa necesaria mezquita y poder prescindir así de la oferta saudí. Ello podría ser una muestra de discriminación positiva. Pero nadie niega que son los musulmanes los únicos que carecen de un centro de culto digno en Barcelona. Y asumir total o parcialmente la construcción de esta mezquita sería ya una respuesta razonable a las demandas de la importante comunidad musulmana. Y acto seguido el Ayuntamiento, la Generalitat y el mismo Parlament deberían sumarse a las exigencias para que se desarrolle el acuerdo de 1992 sobre cooperación entre el Estado y la comunidad islámica, porque es ese el marco donde los contribuyentes musulmanes deben obtener fondos públicos para sostener sus mezquitas en igualdad de derechos y obligaciones con las otras confesiones religiosas. Una igualdad que el Gobierno central quizá no desee y que ahora parece asustar al presidente de una Cataluña donde viven y trabajan cada vez más ciudadanos musulmanes.

Xavier Rius-Sant es periodista.