"Quien pide la cadena perpetua presume que los etarras no son reinsertables"

Manuel María Zorrilla, nacido en Cantabria en 1933, recibe en su despacho del ala noble del edificio de la Audiencia de Bilbao tras su reelección al frente del Tribunal Superior de Justicia vasco. Su peculiar forma de dar las entrevistas -con la ayuda de una secretaria a la que dicta las respuesta como si de una clase magistral se tratara- y sus concesiones a la perífrasis, cierran el paso a la agilidad. Pero no a la firmeza de la defensa del Derecho de todo preso a acogerse al precepto constitucional de la reinserción.Pregunta. Encara los próximos cinco años con diversos objetivos pendientes.

Respuesta. Hay que mejorar la calidad de las prestaciones de la Administración de Justicia, esforzándonos en que las respuestas judiciales a la sociedad sean convincentes y eviten las demoras que hacen de toda justicia tardía una justicia mal administrada.

P. ¿El sistema de módulos impuesto por el Poder Judicial para controlar el trabajo de los jueces, pone en riesgo la calidad de las sentencias?

R. Se ha planteado como la solución adecuada para estimular un rendimiento que reduzca la demora en los procedimientos. Aunque un ritmo desmedido de resoluciones judiciales puede, a la larga, provocar una pérdida de esa calidad. También hay que prestar atención al perfeccionamiento profesional de los jueces, a la gestión óptima de los medios personales y reales de la Administración de Justicia, y a extremos tan noticiables como el uso judicial del euskera.

P. Asunto recurrente en los últimos años y de manera enconada.

R. El problema del uso judicial del euskera mantiene sus exigencias graduales de solución, pero no refleja los planteamientos, un tanto exagerados, que no han tenido en cuenta la voluntad de promoción del euskera por parte de las instancias judiciales. Las oportunidades que tienen los jueces para aprender euskera han reducido la agresividad de ese problema que, con el tiempo, dejará de serlo.

P. Pero motivó dos comunicados de respuesta a declaraciones críticas de Xabier Arzalluz sobre la conveniencia de que los jueces que impartan justicia aquí tengan que ser vascos.

R. Ambas declaraciones de la Sala de Gobierno respondieron a circunstancias anecdóticas. Insistimos en que la circunstancia que las había provocado no era la más oportuna para el desarrollo del euskera.

P. ¿Sus relaciones con el PNV se han enfriado desde entonces?

R. No se ha registrado ningún trauma en las relaciones con el PNV, que se reducen a contactos de cortesía.

P. Su reelección se ha producido con una contestación elevada: 11 síes y 10 abstenciones.

R. Los que han manifestado así su disidencia obedecían a poderosas razones de conciencia que me merecen el máximo respeto.

P. ¿Tiene la sensación de que la Sala de Gobierno que preside está coja al estar compuesta por miembros de una sola asociación, la conservadora APM?

R. En modo alguno. Tanto la sala actual como otras anteriores, formadas por otras sensibilidades mayoritarias, han asumido, con gran objetividad, sus funciones y han rehuido cualquier actitud que pudiese implicar ausencia de objetividad o contacto con posiciones partidarias.

P. En la última memoria del alto tribunal criticaron que la falta de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Ertzaintza para transmitir información sobre objetivos de ETA, impedía una respuesta policial eficaz e incrementaba los riesgos...

R. Esas situaciones se habían sucedido en alguna ocasión. Subrayamos que la información adquirida por Interior debía transmitirse de inmediato, y para evitar riesgos, a los responsables de la Ertzaintza. En el tiempo intermedio, la Ertzaintza, que tenía a su cargo la protección de empresarios, políticos, jueces y fiscales, se veía privada de adoptar iniciativa alguna, al no tener información. Esos defectos están ya subsanados.

P. Apuntaban también la posibilidad de asunción de responsabilidades penales por esa dejación. Ha habido dos casos que podían encajar en esa denuncia: los asesinatos de Fernando Buesa y del fiscal Luis Portero. Pero ningún juez los investigó.

R. La percepción de las responsabilidades penales, y más aún por abstenciones dolosas o negligentes, no es fácil en todos los casos. Los penalistas insisten en la dificultad de localizar el proceso causal que conduce al resultado. Pero a nadie habría causado sorpresa que en el caso de Buesa o de Portero se hubiese iniciado una averiguación o pesquisa penal. Desde luego, no hubiese sido un disparate.

P. ETA les ha pueto de nuevo en su punto de mira preferente, tras el asesinato del magistrado Querol o las amenazas del etarra Iragi.

R. Ese estado de cosas es vivido con una cierta preocupación que, desde luego, no llega a la exaltación del victimismo. Se compone de impresiones inéditas de quienes no están habituados a recibir amenazas ni consignas preventivas sobre la seguridad personal. En general, se aceptan de buen grado las medidas de seguridad aconsejadas, se procura que la normalidad se resienta mínimamente y que todo ello no repercuta negativamente en la voluntad y disposición de seguir aplicando la ley con objetividad e imparcialidad.

P. ¿Cree eso posible? Un sector de la opinión pública y de los partidos aseguran que en Euskadi no hay libertad.

R. Los jueces y fiscales viven libremente y ejercen sus funciones con la consiguiente libertad.

P. La última ofensiva de ETA ha hecho crecer en la opinión pública la idea de forzar al legislador a endurecer las leyes contra los terroristas o a tomar medidas excepcionales.

R. El sistema constitucional no limita a la reinserción sus objetivos de las penas de cárcel y da por supuesto que con la reinserción concurren las finalidades de ejemplaridad, disuasión, expiación,... Las soluciones consistentes en el cumplimiento íntegro de las penas y en la cadena perpetua niegan toda posibilidad de reinserción y presumen que unos determinados delincuentes son irresocializables. Esta afirmación no puede mantenerse, sin perjuicio en que las operaciones efectuadas para constatar la resocialización de los penados y su capacidad de retorno a la sociedad sean lo suficientemente garantizadoras de esos extremos y no facilite la escapatoria de quienes carecen de capacidad de reinserción.

P. ¿Cree que endureciendo la Ley Penal del Menor se combatirá mejor la violencia callejera?

R. El endurecimiento de las penas producirá unos efectos inmediatos, pero es más aventurado prever si, a medio plazo, se van a consolidar como resultados positivos.

P. ¿A su juicio, la paz debe tener un precio. El Estado puede negociar con ETA de algo?

R. [Silencio prolongado] Los niveles de agresión social adquiridos por la acción terrorista, que ha tenido oportunidades de revertir, no hacen fácil que la dignidad del Estado decaiga ante sus conminaciones, porque una actitud de este signo, desautorizada por el ámbito cultural de los países civilizados, degradaría al propio Estado y haría cundir una desmoralización social enorme.