El 'caso Pallerols' y el fin de la 'era Pujol' ANTÓN COSTAS

La corrupción, entendida como el uso de poder o de recursos públicos para beneficio privado, es una conducta a la que difícilmente escapan los gobiernos, sean del signo que sean. Pero siendo una lacra común, la corrupción se desarrolla de forma distinta en unos gobiernos que en otros.En el caso de los gobiernos conservadores, la propensión a la corrupción es alimentada por las políticas que favorecen la búsqueda de la riqueza y el éxito personal sobre el bien común. Este tipo de discurso genera normas morales que propician cierto tipo de corrupción. No digo que la mayoría de los que sirven a gobiernos conservadores no sean personas dignas. Pero algunos no tienen escrúpulos en usar su poder para provecho personal. Y lo hacen como si fuese lo más natural. Recuerden el caso del lino, y cómo los implicados consideraban natural utilizar la información de que disponían para hacer negocios con las mismas subvenciones que administraban.

Lo mismo se puede decir de algunos hombres de negocios puestos al frente de empresas públicas privatizadas, que han utilizado esos nombramientos para el enriquecimiento personal.En los gobiernos progresistas predominan las políticas orientadas a la búsqueda de finalidades públicas más que al interés privado. Tienden a ser idealistas. Y como ha señalado el historiador Arthur Schlesinger, los idealistas tienen muchos defectos, pero raramente roban. Sin embargo, Schlesinger encuentra que en los gobiernos progresistas la corrupción surge principalmente al final, cuando ya los idealistas se han marchado y los contemporizadores los han reemplazado. La corrupción aparece en este caso como un síntoma que apunta el final de un ciclo. Quizá la experiencia española de los gobiernos de Felipe González sirva para ilustrar esa idea.

Viniendo a la política catalana, el llamado caso Pallerols puede verse como un sintoma del final de la era Pujol. Los gobiernos de Pujol no son fácilmente encuadrables en la división conservador-progresista, pero tienen en común con estos últimos su orientación hacia la búsqueda de finalidades públicas: en este caso, movilizar a la sociedad para construir una identidad nacional. También aquí la corrupción irrumpe cuando se han ido muchos de los idealistas que en sus inicios empujaron dentro de CiU el proyecto nacionalista. Que este caso es un síntoma, lo ha entendido Jordi Pujol al reconocer que es una "mancha" para su gobierno. Una mancha que puede extenderse como el aceite, marcando el final de su era.

Digo que la corrupción es un síntoma del final de una era, no que sea su causa. El final del pujolismo viene determinado, en mi opinión, por el cansancio de la sociedad después de 20 años de políticas y llamamientos dirigidos a movilizar las energías sociales en una determinada dirección. Como ocurre con todo en la vida, el perseguir una cosa durante mucho tiempo cansa y agota. Y el cuerpo social necesita ahora tomar un respiro y pasar a ocuparse de otras cosas más prosaicas, relacionadas más con objetivos privados que con el fer país. El ciclo público-privado en Cataluña ha virado. Quizá este cambio en las preocupaciones de los ciudadanos sea una de las causas del inesperado fracaso de la campaña lanzada por el Gobierno de Pujol para adherir las siglas CAT en las placas de las matrículas.

Sin embargo, no querría que esta reflexión sobre la corrupción llevase a la cínica conclusión de que "son cosas que pasan a menudo" en todos los gobiernos cuando se conceden subvenciones, y que nada se puede hacer para evitarlas. Al margen de cuál sea su devenir en los juzgados, el caso Pallerols debería servir para extraer algunas lecciones. Las subvenciones despiden un suave y perturbador perfume que induce a la corrupción. ¿Cómo evitarla? Sólo veo una solución: la transparencia absoluta en su concesión. Me es indiferente a quién se le conceden, pero lo que exigiría es que la cuantía y las razones de las concesiones fuesen transparentes. Transparencia significa hoy, en la era de Internet, que estén colgadas en la red. Esa es la mejor forma social de controlar las subvenciones y evitar la corrupción. Si el Parlament adopta esta decisión, el caso Pallerols habrá contribuido a dignificar e introducir luz y taquígrafos en la vida pública catalana.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.