Gil usa su mayoría en Marbella para no dar el informe del Tribunal de Cuentas

El Grupo Independiente Liberal (GIL) reiteró ayer su negativa a facilitar a la oposición el informe en el que el Tribunal de Cuentas detecta más de 35.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar, en el Ayuntamiento de Marbella. El equipo de gobierno, que preside Jesús Gil, presentó por sorpresa una enmienda para modificar el orden del día del pleno extraordinario celebrado ayer, por la que no se entregó la documentación a la oposición, "al no tratarse de una resolución definitiva".

PSOE, PP y PA criticaron la medida, y no descartan la presentación de un recurso contencioso administrativo para pedir la anulación de la sesión plenaria. El pleno se desarrolló en un clima de total crispación. Incluía dos únicos puntos fijados por la oposición: el informe de la alcaldía sobre el anteproyecto de fiscalización del Ayuntamiento y de las sociedades municipales correspondientes a los ejercicios 1990 a 1999, remitido por el Tribunal de Cuentas y el examen y aprobación de las alegaciones. La decisión del GIL de introducir la enmienda, que fue aprobada con su mayoría absoluta, convirtió en papel mojado este orden del día e impidió el debate sobre el contenido del documento, al que todavía no han tenido acceso socialistas, populares y andalucistas. La portavoz municipal socialista, Isabel García, consideró "nulos" todos los acuerdos adoptados ayer por el partido de Jesús Gil y aseguró que la enmienda invalida la propia sesión plenaria, ya que sostiene que "sólo se puede modificar el orden del día si lo autorizan los convocantes del pleno", a lo que éstos se negaron expresamente. Para la edil el informe debió estar a disposición de la oposición desde el momento en que se realizó la convocatoria plenaria, y anunció la posibilidad de presentar un recurso. También la concejal del PP, Francisca Caracuel, consideró el pleno "nulo de pleno derecho", y advirtió de que los abogados de su partido "analizarán" el acta y estudiarán posibles acciones legales.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, insistió en que no entregarán a la oposición el documento, al mismo tiempo que consideró que el único órgano competente para dar la información solicitada es el propio Tribunal. Muñoz explicó que cuando la fiscalización sea definitiva remitirán los resultados al pleno. Su grupo argumenta que "el facilitar ahora la información solicitada podía causar un daño irreparable al municipio, si la decisión definitiva fuese contraria a la manifestada en el anteproyecto".