El CSD mantiene que los 'comunitarios B' son extranjeros pese a lo que indica la UE

El Consejo Superior de Deportes sostiene las tesis de la federación y los jugadores y se mantiene firme en su idea de que los baloncestistas de países con acuerdos de asociación con la Unión Europea deben ocupar plazas de extranjeros en la Liga ACB, por lo que mantendrá la suspensión cautelar de sus licencias pese a las palabras de la comisaria de Trabajo reclamando que éstos reciban "el mismo trato" que los jugadores nacionales. "La UE nos ha legitimado moralmente", aseguró ayer Eduardo Portela, presidente de la ACB, la organización desde la que los clubes defienden la postura contraria.

La solución del enfrentamiento que en torno a los comunitarios B mantiene la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) con la federación y la Asociación de Jugadores (ABP), estas últimas respaldadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD), apunta ya de lleno a los tribunales. Ni siquiera las palabras de la comisaria de Trabajo de la Unión Europea, Anna Diamantopoulou, reclamando el "mismo trato" para los trabajadores de los países que mantienen tratados de asociación con la Unión Europea y los de la propia Unión, han permitido que ambas partes acerquen sus posturas."Entendemos que la comisaria no ha dicho que los comunitarios B puedan ser considerados comunitarios de pleno derecho a todos los efectos", afirma Carlos Blanco, director general de Infraestructuras del CSD. "La Comisión ya se pronunció en el mismo sentido en 1996. Nadie discute que deban tener los mismos derechos, el mismo sueldo, las mismas condiciones laborales... Pero eso no significa que sean comunitarios. Hay un dato determinante. Un ciudadano de un país de la UE sólo necesita su carné de identidad para entrar en España. No necesita ningún permiso de trabajo, pero los checos, los lituanos o los eslovenos, sí". En la misma línea se pronuncia la federación. "Suscribimos punto por punto lo que ha dicho la comisaria", afirmó ayer su vicepresidente, José Luis Sáez. "Estamos de acuerdo. No decimos que un señor de Malaisia tenga que trabajar 80 horas, pero lo que está claro es que ni él ni los jugadores cuestionados son comunitarios. No disfrutan de libre circulación dentro de la UE. Eso está claro", interpreta.

Los clubes no están de acuerdo. Para ellos, lo dicho por la comisaria va en el sentido opuesto. "La UE nos ha legitimado moralmente", aseguró ayer Eduardo Portela, presidente de la ACB. "La respuesta de la comisaria lleva a conclusiones muy claras. Los jugadores afectados tienen derecho a las mismas condiciones laborales que los nacionales. Si a un nacional se le tramita la licencia y a los comunitarios B no, es evidente que no se les está dando el mismo trato", argumenta Portela.

"Los trabajadores de los países candidatos [a ingresar en la UE] con un empleo legal en un Estado miembro deben recibir el mismo trato que los nacionales de este Estado, por lo que se refiere a las condiciones laborales, la remuneración y el despido", aseguró la comisaria en respuesta a una pregunta planteada por el europarlamentario del PP Gerardo Galeote. Un único discurso que federación, ABP y CSD han interpretado de una forma y la ACB de otra. "En cualquier orden de la vida, y también en los tribunales, hay casos idénticos que se resuelven de forma diferente", argumenta Carlos Blanco.

Sin embargo, Fernando Pérez Espinosa, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y experto en relaciones laborales de deportistas, se alinea con las tesis de los clubes y considera que "lo que la comisaria ha dicho no puede entenderse referido a un extranjero sin más, para eso ya está el derecho ordinario de cada país. Sólo puede interpretarse en cuanto atañe a las condiciones laborales dentro de la Unión tanto de los comunitarios como de los ciudadanos de países que tienen tratados previos de integración en la UE, que es lo que incumbe al derecho comunitario y lo que entra de lleno en sus competencias".

Milic, esloveno con pasaporte turco, Zidek y Starosta, checos, (del Madrid); Jasikevicius y Karnisovas, lituanos (del Barcelona); y Timinskas, Stombergas, también lituanos, y Mills, estadounidense con pasaporte turco (del TAU), son los ocho jugadores afectados por la suspensión cautelar de las licencias acordada por el CSD a principios de octubre. Algunos de ellos han jugado, pero para ello sus clubes han tenido que tramitar sus fichas de forma coyuntural como extranjeros a todos los efectos.

Todos ellos, excepto los tres del Madrid, han recurrido ya a los tribunales para resolver el conflicto -en el caso de Mills con resultados positivos-, pero según Sáez, "lo que la federación no va a asumir es lo que establezca un tribunal de primera instancia". La federación ya ha adelantado que acudirá al Tribunal de Luxemburgo.