Una cadena de errores judiciales facilitó la fuga de España del mafioso italiano Giovanni Greco

Una larga cadena de errores judiciales y policiales allanó el camino para la fuga de Giovanni Greco, capo (jefe) de la Cosa Nostra cuya extradición concedió el Gobierno español el pasado mes de agosto. Según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Audiencia Nacional decretó su prisión provisional 48 días después de que dejara de comparecer en los juzgados de Manacor, donde estaba obligado a presentarse cada día. La policía decretó su búsqueda a los 51 días de su incomparecencia judicial, pero Greco, el mafioso por el que Italia había mostrado más interés, ya había volado.

El pasado 12 de junio, lunes, una llamada telefónica truncó la plácida vida de Giovanni Greco, de 44 años; de su esposa, Ángela Ficano, y de sus hijos, Salvatore, Antonella y Miguel, en su discreta casa de Cala Llombarts, colgada de un precioso acantilado en el municipio de Santanyí, a 59 kilómetros de Palma de Mallorca.Ese día, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de Greco y anuló su extradición a Italia, que antes había concedido la Audiencia Nacional, por una condena en ausencia de 27 años por intento de homicidio y asociación mafiosa. Pero el fallo dejó abierta la puerta para que fuera entregado por dos asesinatos por los que todavía no había sido juzgado.

El 13 de junio, Giovanni Greco, el simpático italiano, bajito, de anchas espaldas y brazos de boxeador, que cada mañana aparcaba su todoterreno en la plaza de Manacor y estampaba su firma en el juzgado número tres de esa localidad, no apareció. A partir de esa fecha sus ausencias fueron un clamor y quedaron reflejadas en los formularios de presentaciones de estos tranquilos juzgados cuyo decanato ostenta Victoria Pelufo.

Era la primera vez que el afable jefe de la Cosa Nostra, un auténtico líder entre los jóvenes de Cala Llombarts con los que jugaba al fútbol, cocinaba pizzas gigantes y salía a pescar calamares, fallaba a su obligada y diaria cita judicial. La primera vez que se ausentaba desde que el 10 de febrero de 1999, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside Siro García, decretara su libertad provisional bajo fianza de un millón de pesetas.

Una cantidad insignificante para las arcas del italiano al que no se le ha conocido trabajo alguno, salvo su afición a la pesca de emperadores, desde que en 1982 se refugió en España huyendo de la justicia de su país y de sus rivales de la propia Mafia que le buscan sin éxito. Fue detenido en Ibiza en octubre de 1997.

Los juzgados de Manacor remitían cada semana a dicha Sala de la Audiencia las presentaciones de Greco, tal como les exigió el propio tribunal, según señala la secretaria del juzgado. Las comprendidas hasta el 13 de junio se recibieron en Madrid el 21 de ese mismo mes. Pero a partir de esa fecha no se envió ninguna más al tribunal, según aseguran fuentes de este último.

Los tres magistrados de la Audiencia que le habían otorgado la libertad provisional, después de que permaneciera quince meses en prisión, con la condición de su presentación diaria en los juzgados de Manacor, no modificaron su situación de libertad provisional. Y los días fueron corriendo a favor del killer (asesino), apodo con el que bautizó a Greco la prensa italiana.

El jefe mafioso, acusado por un juzgado de Palermo de los asesinatos de Salvatore Mazzola y Giacomo Palazzolo, acribillados a tiros en 1983 en Cinisi (Italia), había aprovechado la oportunidad que le brindaba el que nadie alertara de sus ausencias.

El 10 de julio, 27 días después de que Greco dejara de acudir a los juzgados de Manacor, los magistrados García, Manuela Fernández Prado y Antonio Díaz Delgado dictaron un auto en el que declararon procedente su extradición para ser juzgado por los dos asesinatos.

La Sala mandó un exhorto a los juzgados de Manacor para que notificara su auto a Greco y éstos no pudieron entregarlo porque en la tranquila casa de Cala Llombarts ya no estaba el hombre por el que más interés había mostrado Italia en las reuniones bilaterales celebradas para combatir a la Mafia en España.

El 28 de julio la fiscalía reaccionó por primera vez y dirigió un escrito a la Sala en la que pidió que se decretara la prisión preventiva extradicional condicional de Greco. El fiscal Ignacio Peláez informaba de una comunicación de la Policía Judicial según la cual Greco "pudiera estar preparando su salida de España, evitando así la acción de la justicia". La fiscalía resaltaba que no había ningún obstáculo para su entrega y pedía que se solicitara al Consejo de Ministros autorización para su entrega.

El 1 de agosto, 48 días después de la incomparecencia de Greco, tres magistrados de la Audiencia que integraban la Sala de vacaciones dictaron un auto en el que acordaron su prisión provisional y solicitaron al Gobierno autorización para su entrega. En el mismo señalaban que Greco estaba ilocalizable y añadían que "se ha constatado que no realiza presentaciones desde el 13 de junio". Esta constatación la tuvo la sala 24 horas antes al notificar Manacor que no había podido entregar a Greco el auto que le enviaron.

El 4 de agosto, Pío Cabanillas, portavoz del Gobierno, anunciaba a bombo y platillo la inminente entrega del capo y la enmarcaba en el éxito del acuerdo bilateral firmado poco antes por el ministro de Justicia, Ángel Acebes, y su homólogo italiano, Piero Fassino. Pero el killer de la Cosa Nostra estaba desaparecido hacía 53 días.