Intxaurraga y Olabarria critican con dureza la ley Penal del Menor.

La sesion de apertura de las Jornadas sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor sirvió ayer para volver a alertar de los peligros que se ciernen sobre esta ley tras la batería de medidas que modifican una legislación que, de hecho, aún no ha comenzado a aplicarse. La reforma impulsada por el Gobierno del PP, el calor de determinados delitos relacionados con el terrorismo, cosechó ayer calificativos como "perversa", "inconstitucionalidad" o "vulneradora de derechos fundamentales" por parte de algunos de los participantes.El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Emilio Olabarria cargó contrala reforma al asegurar que tiene un "efecto perverso", ya que básicamente desnaturaliza la voluntad de legislador expresada en la ley 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, aprobada con un consenso muy relevante.

TAnto el consejero de Justicia Sabin Intxaurraga, como Olabarria, ante un auditorio de cerca de 250 personas en el Palacio de Euskalduna, acusaron al PP de haber decidido unilateralmente cambiar la ley por "razones de coyuntura" , esto es para endurecer las p enas para los jóvenes aprendices de terroristas de la violencia callejera proetarra. Intxaurraga aseguró que de esa manera sólo se pretende "tapar la falta de eficacia en la gestión de otros recursos que la democracia o el Estado proporcionan para hacer frente" a estos delitos.

Entre las medidad recogidas en la reforma destacan la atribución de competencia en materia de enjuiciamiento de menores a la Audiencia Nacional con la creación de un Juzgado Central de Menores en Madrid, con lo que supone de alejamiento del justiciable de su juez natural, además de un sensible incremento de la duración de las medidas de internamiento. Sobre estos apartados, tanto Intxaurraga como Olabarria remarcaron que las modificaciones chocan frontalmente con las recomendaciones del Consejo de Europa y tratados internacionales.

"Violan competencias"

El consejero de Justicia recordó que el artículo 10 del Estatuto de Gernika atribuye la competencia exclusiva en esta materia al País Vasco por lo que las reformaas "violan la competencia del País Vasco" y la "sustraen" de los jueces de menores en Euskadi a favor de la configuración de un Juzgado de Menores en la Audiencia Nacional. Intxaurraga consideró que "pueden vulnerar derechos fundamentales, lo que nos situraría en planteamientos de inconstitucionalidad".

El juez de Menores de Vitoria, Jaime Tapia, opinó que es más eficaz que los adolescentes que cometen delitos relacionados con el terrorismo sean tratados en Euskadi. También intervino la vocal del Poder Judicial Esther Giménez Salinas, quien defendió la actual redacción de la ley ya que "busca un equilibrio importante entre lo que es el sistema sancionador y el sistema educativo" para el menor.