Urra pide a Educación que frene las extorsiones que sufren alumnos por parte de compañeros

El defensor del Menor, Javier Urra, ha pedido a la Consejería de Educación que frene las extorsiones que sufren algunos alumnos por parte de sus compañeros. Urra ha recibido este curso escolar abundantes denuncias de jóvenes, atemorizados por las amenazas que reciben. El defensor envió, con fecha 20 de octubre, una carta al viceconsejero de Educación, Juan Carlos Doadrio, en la que le comunica los hechos, relata algunas situaciones concretas y facilita la relación de los colegios e institutos en los que se han producido estos chantajes. Esta información también ha sido remitida a la fiscalía.

En la carta remitida por el defensor del Menor al viceconsejero de Educación se relatan "las situaciones de violencia" que han sufrido alumnos en centros escolares por parte de sus compañeros, hechos que en muchos casos "han sido confirmados por los inspectores de la zona y admitidos por los directores de los centros escolares". Urra solicita en su escrito que se investiguen en profundidad las 19 denuncias recibidas hasta ahora y se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los menores. Esta información también ha sido enviada a la Fiscalía para que a su vez dé cuenta de ello a la policía.En declaraciones a EL PAÍS, Urra ha mostrado su preocupación por el aumento de las amenazas registradas en este curso escolar, "que han dejado de ser situaciones aisladas". "Los extorsionadores suelen actuar en grupo, aunque siempre hay un líder. Son alumnos que someten a sus compañeros a chantaje para lograr su objetivo, que suele ser obtener dinero, zapatillas o ropa de deporte de marca y cazadoras, entre otras cosas".

Núcleos familiares rotos

Las denuncias efectuadas por los alumnos, y en ocasiones también por sus padres, tienen como protagonistas tanto a chicas como a chicos -"quizá han aumentado algo las de las chicas", dice Urra-. Las amenazas no llegan siempre de compañeros de más edad, sino también de jóvenes del mismo curso. "En casi todos los casos las extorsiones llegan de chicos con núcleos familiares desintegrados, con dificultades sociales", afirma Urra. "Son problemas complejos que no parece que se puedan resolver sólo desde el ámbito educativo", añade."Los centros en los que se han registrado estos hechos están situados tanto en la capital como en pueblos de la región. En muchos casos las amenazas suelen ser de muerte", señala Urra. "Hay chavales verdaderamente atemorizados por estas situaciones".

Amador Sánchez, director general de Centros Docentes, ha expresado su "preocupación" por la carta enviada por Javier Urra y anunció que ha convocado una reunión con los directores de áreas territoriales del Sur y de Centro de Madrid, que es donde han detectado mayor número de extorsiones, para estudiar si los casos aludidos por el Defensor del Menor son habituales o tienen un carácter excepcional de principio de curso.

"El inicio de curso es un caldo de cultivo para las novatadas y gamberradas con los alumnos nuevos. Además, los padres lógicamente se asustan cuando su hijo de 12 años pasa al instituto, donde está con otros estudiantes que pueden tener hasta 20 años", manifestó Amador Sánchez.

En cualquier caso, el aumento de problemas de convivencia en los centros "no es nada nuevo", según la Consejería. Comenzaron a aparecer a mediados de los años noventa, cuando la implantación de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) empezó a ser representativa.

"El aumento en dos años de la escolarización obligatoria implica que los problemas que antes sólo se veían en los barrios se trasladan ahora también al centro de la ciudad", dijo Sánchez. Y es que con anterioridad a la Logse sólo acudían a los institutos los alumnos mayores de 14 años con un expediente razonable y que querían continuar en la universidad, en su mayor parte.

Ahora, además de tener alumnos de 12 años, hay estudiantes del segundo ciclo de la ESO (de 14 a 16) que hubieran dejado de estudiar. "Los profesores estaban acostumbrados a su función docente, pero en muchas ocasiones, no estaban preparados para las nuevas tareas que tienen que afrontar con este nuevo alumnado", según Sánchez.

La Consejería puso, en colaboración con el Ministerio de Educación, en el curso 1995-96 un programa denominado Convivir es vivir, destinado precisamente a paliar el aumento de violencia escolar descubierto en los centros y que todavía sigue en marcha.

Sánchez explicó que el programa implica el desarrollo de dos acciones: primero, formar a los docentes para que aprendan a resolver conflictos y, segundo, una mayor coordinación entre todas las administraciones para que los docentes sepan dónde acudir cuando sus alumnos tienen algún problema que no es meramente educativo, pero que repercute negativamente en la clase. Por ejemplo, un alumno que sufre algún abuso en casa, o con problemas psiquiátricos.

Además, en algunos centros "catalogados como de compensación" -como los de los distritos del sureste de Madrid-, donde se concentra una alto porcentaje de alumnos procedentes de familias desestructuradas y de muy bajo nivel económico, "se han reforzado las actividades de formación y las actuaciones de mediación".