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El desalojo del PNV y la cohesión territorial, ejes de la estrategia de Aznar

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno echa el resto en la crisis de Euskadi y las relaciones autonómicas al tiempo que pone a prueba al PSOE

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha hecho del desalojo del PNV del Ejecutivo vasco y de la cohesión territorial de España el eje de su discurso. Ambos retos, convertidos en referente básico de su estrategia antes, incluso, de las elecciones el 12 de marzo, los utiliza también ahora para poner a prueba al PSOE.Aznar hizo de la "cuestión vasca" un objetivo estratégico de su Gobierno cuando ETA declaró su tregua en septiembre de 1998. Tras su ruptura, 14 meses después, mantuvo el objetivo, pero alteró el contenido: el PNV, y con él el lehendakari Juan José Ibarretxe, son cómplices de ETA por servir de caldo de cultivo a la banda por haber firmado el Pacto de Lizarra con EH.

Desde entonces, desde diciembre de 1999, todas las intervenciones de Aznar sobre política nacional inciden sistemáticamente en este punto.

Los últimos movimientos de Ibarretxe, desmarcándose del Pacto de Lizarra, señalando a ETA como único responsable del terrorismo frente a la equidistancia anterior, y reconociendo el error de mezclar el proyecto del PNV con la normalización de Euskadi no afectan para nada a Aznar, en contraste con el PSOE. Los socialistas animan a Ibarretxe a seguir por esta vía porque fortalece la unidad democrática frente a ETA sin que suponga alterar su estrategia vasca, coincidente con el PP: Ibarretxe debe adelantar las elecciones porque está en minoría y pactó un programa con el brazo político de ETA tras un acuerdo secreto y previo a los comicios.

Esa dualidad no existe para Aznar. No distingue entre Gobierno vasco y PNV, entre el nuevo papel de Ibarretxe y el de Xabier Arzalluz que dice, a la vez, que el Pacto de Lizarra está acabado y que no renuncia al soberanismo. La Moncloa está convencida de que el PNV volverá al frente nacionalista si ETA declara otra tregua.

Es más. La única garantía de que exista un Gobierno vasco eficaz en la lucha contra ETA y de que el PNV olvide sus sueños soberanistas es su desalojo del poder, según el número dos del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Una mayoría del PSOE piensa lo contrario: que su desalojo radicalizará a los peneuvistas.

Esta posición inflexible con el PNV devuelve, además, sus señas de identidad al PP en su visión de los nacionalismos, confusa en la anterior legislatura por su forzado pacto con CiU y PNV al no disponer de mayoría absoluta. Aznar dijo lo que piensa del nacionalismo cuando, hace un mes, comparó la Serbia de Milosevic con la Euskadi de Arzalluz sin atender al pasado democrático del PNV.

No es baladí que uno de los sueños de Aznar sea acabar su mandato con la derrota histórica del nacionalismo en su campo. La Moncloa tiene en cuenta, además, que una de las claves de su mayoría absoluta radica en su firmeza con los nacionalismos, en contraste con el PSOE, que marca la diferencia entre la banda y el PNV y que teme que la confrontación entre el PP y el nacionalismo democrático polarice la política vasca y ahonde su fractura social.

El Gobierno cuenta con que el PSOE está más próximo al PNV que el PP por sus históricas relaciones con los nacionalistas, con quienes ha gobernado varias legislaturas, y se dispone a probarles.

El Gobierno está colocando al PSOE, ante las elecciones vascas, en un dilema en el que gana siempre. Gana si el PSOE se une al PP con un gobierno alternativo al PNV. Pero también si el PSOE gobierna con el PNV, por muchas declaraciones bienintencionadas de los nacionalistas, porque, según cree, los socialistas lo pagarán en las urnas en toda España.

También trata de probar al PSOE en el segundo eje de su estrategia: la cohesión territorial de España. Lo ha facilitado la mayoría absoluta del 12-M, que le ha liberado de las ataduras nacionalistas. El Gobierno juega con dos cartas. Trata con distancia a su aliado nacionalista más próximo, CiU. Jordi Pujol, tras entrevistarse con Aznar, al que ha adelantado su apoyo presupuestario, no ha logrado garantías del presidente sobre su reclamación clave: un modelo de financiación autonómica suficiente y duradero.

La otra carta es el sistemático examen al PSOE. Aznar lo anunció el uno de septiembre en La Moncloa cuando dijo que el Plan Hidrológico Nacional "pondrá a prueba la cohesión interna de los partidos". Era un reto para el PSOE, gobernante en Aragón, que podía enfrentarse con los socialistas mediterráneos.

Esta política la ha llevado el PP al Senado, donde sus representantes anunciaron la votación delos decretos de Humanidades en esa Cámara y en los parlamentos autonómicos, también con el fin de confrontar al PSOE, sobre todo, con el PSC de Pasqual Maragall, que defiende posiciones más autonomistas recogidas en su tesis del "federalismo asimétrico".

El PP renunció finalmente a esta idea, poco grata para la ministra de Educación, Pilar del Castillo, pero lanzó otra: la votación de una Comisión de Entes Locales en el Senado con el objetivo de que el PSC, coaligado en la Entesa con ERC e IC, votase en sentido opuesto al PSOE. Su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, frenó la operación y logró que PSC y PSOE votasen juntos la comisión. Y ha tratado de soldar esta posible fisura con un apoyo a las tesis de Maragall, con explícito disgusto del Gobierno.

Estos movimientos se producen en plena denuncia por nacionalistas y socialistas de un "parón autonómico". Los expertos autonómicos, del Instituto de Derecho Público, han denunciado que las reformas pendientes del Estado de las autonomías -financiación autonómica, conversión del Senado en Cámara territorial y participación de las comunidades en las instituciones europeas-están congeladas. Nacionalistas y socialistas coinciden en que "el PP, aprovechándose de su mayoría absoluta y del clima contra el nacionalismo, está llevando a España a una nueva loapización".

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