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LAS CLAVES DE LA SEMANA

De hecho y de derecho J. J. PÉREZ BENLLOCH

Admítasenos la obviedad: este país ha cambiado y mejorado. De otro modo estaríamos ahora enzarzados en una polémica vidriosa, agobiante y anacrónica a propósito del proyecto de ley de la Generalitat Valenciana por el que se regulan las uniones de hecho. Y no ha sido así. El texto legal aprobado por el Gobierno autonómico, y que ha sido divulgado, apenas si ha suscitado reacciones negativas y se pueden contar con los dedos de una mano las subidas de tono. Lo cual, insistimos, delata un plausible grado de madurez social, por más que algunos la confundan con la indiferencia o el secular meninfotisme que equivale al vivir y dejar vivir, que no es mala pauta de convivencia.Como era de esperar, y sobre todo pertinente en un régimen plural, la Iglesia, se ha dejado oír por boca de algunos de sus pastores más calificados y ciertos de sus guardias pretorianos. El arzobispo de Valencia, monseñor García Gasco, sacó a colación el presunto espantajo de las "utopías marxistas", lo que quizá pudo abrumar a su grey, pero dudosamente iluminarla en punto a las parejas desamparadas de todo refrendo legal; el prelado de Segorbe, Juan Antonio Reig, consecuente con su línea tridentina, ha dicho en la Hoja parroquial de la diócesis que "tratar de equiparar las uniones de hecho a la familia es una involución cultural como no la ha habido desde hace tres mil años", lo que, como mínimo, ha de dejarnos estupefactos. Otros opinantes y comentaristas han vertido juicios de distinto signo, aunque todos ellos moderados.

Lo cual, y dicho a modo de corolario, prueba que la ley en cuestión llega en el momento oportuno debido a que la sensibilidad mayoritaria está abonada para este género de novedades. Y haber pulsado la oportunidad es un mérito que le corresponde a este gobierno del presidente Zaplana, que, dicho sea de paso, bien pudo dejarla pasar para que fuese otro partido, o cuanto menos otra legislatura, la que pechase con el riesgo de una contestación mayor.

Sin embargo, tampoco habría de chocarnos tanto que la Consejería de Bienestar Social, regida por Rafael Blasco, acometiese esta innovación. El citado consejero tiene una singular propensión a elaborar leyes de fuste. De su tránsito por la Generalitat al frente de distintos departamentos queda una estela legislativa nutrida por las leyes del Gobierno Valenciano, la de Función Pública, la de RTVV, la de Símbolos de la CV, las de Impacto Ambiental y la de Parajes Naturales, entre otras. Es posible que ésta que glosamos haya sido la más azarosa por las fibras religiosas e institucionales que sacude, pero asimismo, y por lo dicho, la más tentadora. Incluso las presiones y reticencias provocadas han sido, a buen seguro, un aliciente para estos dos navegantes de la política que son el molt honorable y el consejero.

Parida la ley, sin más sangre derramada que la arriba anotada, no han faltado comunidades autónomas que se hayan interesado por la letra y la praxis que la ha parido, lo que reitera la sazón del proyecto, pues se trata de un fenómeno -las uniones de hecho- común y general que estaba reclamando este espaldarazo. Ahora, y aunque algunos sectores del PP hayan de hacer de tripas corazón, no va a quedar más remedio que apuntarse al carro y dar pruebas renovadas del centrismo predicado con leyes similares. En esta ocasión, no parece discutible que el País Valenciano se ha convertido en un referente estatal, como tanto gusta repetir a los prohombres de la Generalitat.

Por último, no debemos dejar de mencionar la expresa y comedida anuencia de los colectivos más beneficiados, los de gays y lesbianas. Son posiblemente lo que mejor han comprendido la dificultad del proyecto por las concepciones a menudo irreconciliables que convergían. Han sido los más tolerantes con las forzosas lagunas y limitaciones de la ley, impuestas generalmente por la carencia de competencias estatutarias y jurídicas para colmarlas. Pero esa será una próxima batalla. Por el momento, las uniones de hecho ya pueden ser de derecho y amparadas por los poderes públicos. ¿Quién nos lo iba a decir?

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