Juicio al ex alcalde de Santa Pola, acusado de beneficiar a un familiar

El fiscal mantuvo ayer su petición de seis años de inhabilitación para Pascual Orts, ex alcalde Santa Pola, del PP, por un delito de prevaricación al concender una licencia de apertura de una negocio "a sabiendas de que la resolución era injusta". El ministerio público aseguró que el ex primer edil, en la actualidad concejal de la Corporación por el mismo partido, no sólo prevaricó sino "que debió abstenerse" a la hora de otorgar la licencia, ya que el beneficiario de la misma fue Pedro Cerdán, esposo de la hermana de Orts.En la vista oral de este caso, que se celebró ayer en la Audiencia de Alicante, el político procesado negó las imputaciones y rechazó que hubiera incurrido en prevaricación, "ya que al conceder la licencia no existía ningún informe de los técnicos municipales que desaconsejera el acto", precisó Orts.

Los hechos juzgados se remontan a 1992. Entonces, el pleno de la Corporación aprobó -con el voto a favor de Orts- una sanción por infracción urbanística contra los propietarios de un inmueble, sito en la calle de Canalejas de Santa Pola. La finca era entonces propiedad del alcalde y sus dos hermanos. En el inmueble se había construido un altillo, una obra ilegal de acuerdo a las normas del Plan de Ordenación Urbana de la localidad. La irregularidad "no era legalizable" por lo que se debía proceder a la demolición de la obra.

Tres años más tarde, y a raíz de una denuncia, el cuñado del alcalde solicitó licencia de apertura al Ayuntamiento para instalar en el local una academia. El Ayuntamiento, mediante un decreto de la alcaldía, autorizó el permiso.

El expediente de la licencia no contenía ninguna referencia a la ilegalidad urbanística del inmueble. Este dato llevó al ministerio fiscal a cuestionar "la eficacia de los técnicos municipales" en la tramitación del expediente con la siguiente afirmación: "En este caso no están todos los que son ni son todos los que están", dijo el fiscal. Los técnicos municipales que declararon ante el tribunal argumentaron que no se incluyó en el expediente de solicitud de licencia esta ilegalidad urbanística por la descoordinación existente entre los negociados de la Corporación.

Pascual señaló que en el momento de conceder la licencia él ya no era propietario de la finca, porque se había producido una segregación, y esa parte recayó en su hermana. "Tampoco conocía cuál había sido la resolución final del expediente por la infracción urbanística", explicó.