Crónica de un suicidio anunciado
No le dieron ninguna oportunidad. La historia de Isabel Jiménez Fajardo es una historia desdichada y, como tal, tiene un final trágico. Murió ahorcada en la prisión de Brians el pasado verano, pero la familia asegura que no fue una muerte inevitable, sino la consecuencia de varias decisiones en cadena. Decisiones atípicas que tomaron el juez que la condenó, los responsables de la prisión a la que fue a parar y los médicos que la atendieron. Decisiones que condujeron a la presa, de 32 años, a un callejón de desesperación del que sólo supo salir colgándose de una sábana en la celda de aislamiento en la que se hallaba.Juan Carlos Llavona, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona, que la condenó a un año de prisión por un trapicheo de tráfico de drogas, no le concedió la remisión condicional de la pena -como suele ser habitual en los casos en que no hay antecedentes penales de importancia- y su sustitución por un programa de desintoxicación para tratar su adicción a la droga. Ya en la cárcel, Isabel Jiménez tampoco disfrutó de medidas muy habituales en casos como el suyo y no fue internada en la unidad para drogodependientes que funciona en las prisiones catalanas, sino en una celda común. Además, desde que entró voluntariamente a cumplir ese año de prisión, el día 1 de marzo, no disfrutó de un solo permiso. Y finalmente, pese a sus depresiones e intentos anteriores de suicidio, se la mantuvo varios días en una celda de aislamiento. Hasta que no pudo más y acabó con su vida.
El suicidio se produjo de madrugada el pasado 5 de julio en el módulo de mujeres de la prisión de Brians, en Sant Esteve Sesrovires. Justo dos días antes de la muerte, Isabel Jiménez fue visitada por la psiquiatra del centro, quien después de examinarla emitió un informe que concluía: "No creo que deba seguir en aislamiento. Bajadle sus cosas para que siga vida normal en la enfermería". Pero nadie atendió la recomendación. El médico de la prisión la visitó al día siguiente y mantuvo el aislamiento. "Yo no se lo he puesto", puntualiza también la psiquiatra en su informe. "En prisión nada es voluntario. Y menos la muerte", asegura la hermana, Manuela Jiménez. La asociación de Santa Coloma de Gramenet Aupa'm, en la que colaboran voluntarios de prisíones, se ha volcado en ayuda de la familia.
Un portavoz de la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat negó que el suicidio se produjera en la celda de aislamiento -un detalle sobre el que no existe duda- y agregó que la mujer no estaba deprimida cuando se suicidó, algo que también está probado. Según la Administración autonómica, los médicos de la cárcel actuaron correctamente, y si no se le dieron permisos a la presa fue por su historial penitenciario.
Carpetazo judicial a la investigación
El Juzgado de Instrucción número 3 de Martorell (Barcelona) abrió diligencias el mismo día del suicidio, pero el 20 de septiembre acordó el archivo al entender que la actuación de los médicos de la prisión fue correcta. La familia, sin embargo, no quiere que las cosas queden así y ha acudido a una abogada muy bregada en temas penitenciarios para intentar reabrir el caso.La abogada opina que debe investigarse si los médicos actuaron de manera negligente y, en este sentido, considera sintomático que se haya archivado el caso sin tomar declaración a la psiquiatra. También recalca que los argumentos del juez coinciden plenamente con los del médico que atendió a la reclusa, quien sí declaró y aseguró que la mujer estaba más segura en la celda de aislamiento que en las comunes.
"La realidad es que el suicidio tuvo lugar pese a haberse adoptado todas las medidas posibles, incluso su aislamiento, debiéndose tener en cuenta que la posibilidad del suicidio resultaba mayor de haberse dejado a la interna en su celda en el módulo de comunes, cosa que no se hizo", afirma el juez.
En su informe, la psiquiatra relata que la reclusa le había explicado que no tenía buena relación con el médico, que no la dejaban ducharse ni beber agua de botella. Y añadía: " amenaza con autolesionarse o quitarse la vida". Tras la muerte, dos compañeras de celda enviaron al juez unos escritos en los que denunciaban la posible negligencia de los funcionarios del centro y relataban que el médico acordó el aislamiento porque continuamente le estaba requiriendo para que la atendiera. La familia también censura que la Generalitat no le concediera ningún permiso y recuerda que la mujer acudió voluntariamente a la cárcel para cumplir la pena.
