Sólo el Partido Popular se opone a exigir el catalán como requisito para los jueces destinados en Cataluña

Barcelona - 27 oct 2000 - 00:00CEST

El Parlament aprobó ayer, con los únicos votos en contra del Partido Popular (PP), una propuesta en favor de exigir a todos los jueces y magistrados destinados en Cataluña el requisito de conocer el catalán. La propuesta, presentada por el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao, fue respaldada por Convergència i Unió (CiU), el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), y una delegación del Parlament la defenderá en el Congreso de los Diputados, la institución competente para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.La medida, de llevarse a cabo, haría muy difícil que jueces y magistrados del resto de España pudieran optar a plazas convocadas en Cataluña. No obstante, es prácticamente imposible que la iniciativa prospere porque ello implicaría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que exige una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados.

Recientemente el Congreso rechazó una moción defendida por una delegación del Parlament que reclamaba que el catalán fuera un mérito y pedía la supresión el "carácter nacional" de los cuerpos de la Administración de justicia. Esta última demanda fue incluida de nuevo en el texto aprobado ayer.

A pesar de las nulas aplicaciones prácticas, la moción supone un punto de inflexión que el diputado de Esquerra consideró una "paso de gigante": por primera vez, el Parlament pide que el catalán sea un requisito para los jueces y magistrados destinados en Cataluña, no simplemente un mérito, y además lo hace con la única oposición del PP. La portavoz del PP, Dolors Nadal, abogó por promover el uso de la lengua catalana en los juzgados sin imponerla como requisito.

Largas esperas

El Parlament pide que los funcionarios de Justicia dependan de la Generalitat

El Parlament aprobó también ayer una moción en la que manifiesta la preocupación de la Cámara "por las largas esperas que sufren miles de ciudadanos y ciudadanas por la acumulación de expedientes pendientes de tramitación en los diversos juzgados de Cataluña". En la moción se añade que el "colapso aumenta todavía más el descrédito social que sufre la Administración de Justicia".Esta parte de la moción, presentada por el PSC-Ciutadans pel Canvi, fue aprobada por unanimidad. No obstante, CiU y el PP cerraron el paso a otra demanda apoyada por todos los grupos de izquierda, que reclamaban que el Gobierno de Jordi Pujol impulse un "plan de choque" para reducir los plazos de espera en la Administración de justicia.

Por otro lado, hoy tomarán posesión los nuevos integrantes de la Sindicatura de Cuentas que el pleno de la Cámara propuso el miércoles. La renovación de síndicos, impuesta por ley, ha tenido como consecuencia que CiU pierda la mayoría absoluta en este organismo que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas.

El único cambio ha sido la entrada de Jacint Ros Hombravella a propuesta de ERC en lugar de Manuel Cardeña, que había sido propuesto en su día por Unió Democràtica. Hoy se elegirá al síndico mayor: CiU pretende la continuidad del actual, Ferran Termes, y el PSC aspira a que el cargo recaiga en Josep Maria Carreras.

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