Listas geriátricas

Las listas de espera geriátricas no hacen sino aumentar. Los últimos informes sobre la situación de los ancianos en España señalan que la brecha entre oferta y demanda de plazas asistenciales en residencias públicas se amplía cada vez más y que cada vez es mayor también la espera media -entre 12 y 18 meses- para acceder a una de estas plazas.Desde principios de la década está en vigor el Plan Gerontológico Nacional, cuyo objetivo es coordinar las iniciativas públicas ante el envejecimiento de la población. Muchas de esas iniciativas están inéditas no sólo por falta de presupuesto, sino por una todavía insuficiente valoración social del fenómeno de la vejez en España, compatible, en todo caso, con un entorno familiar aún acogedor con los ancianos. Se calcula que haría falta duplicar las 60.000 plazas de residencias públicas y 130.000 privadas existentes en la actualidad. Sólo así nos aproximaríamos a la media de la UE, donde existen entre cinco y seis plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, frente a las tres escasas en nuestro país. El problema afecta a ese fragmento de población anciana (más de un millón, la mayoría por encima de los 80 años) que necesita ayuda especializada fuera del ámbito de la familia.

Durante los tres últimos lustros, España ha desarrollado, a iniciativa de las administraciones públicas, una notable industria para atender el ocio de la llamada tercera edad, entre 65 y 80 años. Pero no ha tenido igual empuje la industria asistencial para quienes rebasan el umbral de una cuarta edad a partir de los 80. El problema se agrava por la inexistencia de una auténtica red alternativa al esquema del domicilio o residencia (centros de día, asistencia domiciliaria de calidad, ayudas públicas a las familias), probablemente menos costosa para el erario público, al tiempo que más terapéutica y casi siempre más satisfactoria para el anciano y su familia. Se necesita más dinero público para alcanzar el nivel medio de los países de la UE. El anterior defensor del pueblo evaluó esa cantidad en unos 115.000 millones de pesetas anuales de aquí al año 2006. El objetivo de déficit cero no puede ser el único de un Gobierno responsable. A no ser que, a expensas de la nueva deidad del equilibrio presupuestario, se abandone la convergencia real.