Por una política de empleo VICENÇ NAVARRO

Una vez más están apareciendo voces en círculos políticos y financieros catalanes y españoles que indican que la Seguridad Social es insostenible. Se argumenta que la transición demográfica, según la cual hay cada vez más personas que reciben pensiones y menos gente joven que pueda pagar las cotizaciones sociales que las sustentan, forzará una reducción de las pensiones o un retraso obligatorio de la edad de jubilación. En este discurso alarmista se ignoran varios hechos básicos. Uno de ellos es que, según el sistema de financiación de la Seguridad Social que tenemos, las aportaciones a ésta no dependen del número de personas jóvenes que existen por cada persona anciana en edad de jubilación, sino del número de trabajadores que coticen a la Seguridad Social por cada pensionista. Y en España es difícil de argumentar que nos falte gente que pueda y quiera trabajar. Si todas las personas que no tienen trabajo y desean trabajar lo tuvieran, habría más de dos millones de trabajadores más cotizando a la Seguridad Social. A este número deberíamos añadir el de las mujeres que no trabajan y que se incorporarían al mercado laboral si se les ofreciera un puesto de trabajo que les permitiera compaginar las responsabilidades familiares con las profesionales, lo que permitiría que la muy baja tasa de ocupación de la mujer (39%) alcanzara el promedio de la Unión Europea (57%). Añadiríamos así más de tres millones más de trabajadoras y cotizadoras sociales que sumar al número anterior.Naturalmente que estos cambios no ocurrirían de la noche a la mañana. Podrían ocurrir en 8 o 10 años, si hubiera una política nacional de pleno empleo, que hoy no existe. También se debe tener en cuenta que hay otra tendencia favorable al mantenimiento e incluso a la expansión de la Seguridad Social, a saber: el aumento paulatino de los salarios como consecuencia del aumento de la productividad laboral. En general, a mayor salario, mayor contribución a la Seguridad Social. De haber unas políticas de pleno empleo encaminadas a crear empleo y a mejorar su calidad, podría haber más trabajadores con salarios más altos y por lo tanto la masa salarial aumentaría lo suficiente para incrementar todavía más los fondos de la Seguridad Social. A este aumento salarial, deberíamos añadir otro tipo de aumento resultado de corregir la discriminación en contra de la mujer que determina que mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres reciban un salario menor. La necesaria corrección salarial garantizando que las mujeres ganaran el mismo salario que los hombres aumentaría un 3% de toda la masa salarial y permitiría aumentar todavía más la recaudación para la Seguridad Social.

El lector puede ver con estos datos que el problema no es de falta de gente que pueda trabajar y cotizar a la Seguridad Social para garantizar su solvencia (e incluso su muy necesaria expansión). El problema está en la oferta de puestos de trabajo, sobre todo de buenos puestos de trabajo. Éste es el meollo de la cuestión. Y este problema no puede resolverse sin políticas públicas de empleo encaminadas a estimular empleo privado y público de alta calidad. Y ahí el fallo, tanto de este Gobierno como de los anteriores, es mayúsculo.

El problema aumenta cuando podemos ver que en realidad hay oferta de trabajo, pero no hay una política de equilibrio entre oferta y demanda. Hoy, en Cataluña y en España, gran cantidad de oferta de trabajo se intenta satisfacer con obra de mano mal pagada, inmigrante, pidiendo unas cuotas exageradas de inmigración a fin de crear una gran demanda de puestos de trabajo baratos que baje los salarios. Sin embargo, esta vía, la inmigración, no resolverá esta situación; antes al contrario, reproducirá esta polarización: trabajos bien pagados para españoles, trabajos mal pagados para inmigrantes. Esta polarización debilita a toda la fuerza de trabajo, incluidos los primeros. Por otra parte, la existencia de este tipo de trabajadores disuade al empresario de hacer una inversión para incrementar la productividad y, por lo tanto, el salario del puesto de trabajo. Permitir salarios bajos es perpetuar la ineficiencia económica de un país. Hay que tener en cuenta que, en realidad, hay muy pocos trabajos que sean intrínsecamente de baja calidad. Que lo sean o no depende de factores políticos, entre otros.La asistencia domiciliaria a personas con discapacidades y a ancianos (erróneamente definida como labor poco cualificada), que en España es realizada por lo general por trabajadoras (muchas de ellas inmigrantes) pésimamente pagadas y sin ninguna preparación, la llevan a cabo en Finlandia profesionales con formación universitaria.

Lo que se requiere es exigir un aumento de la calidad de los puestos de trabajo interviniendo públicamente en el aumento del salario mínimo (uno de los más bajos de la UE), de modo que se dificulte la reproducción de puestos de trabajo con sueldos bajos. Complementando esta estrategia, se requiere hacer una oferta de trabajo más flexible que permita la integración de la mujer. Hay ejemplos exitosos en Cataluña de empresarios que han hecho ofertas flexibles a sus trabajadoras y que han visto incrementar notablemente su productividad. Por último, otra dimensión en la que el Estado no puede permanecer pasivo es facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo. A pesar de la retórica pro familiar, en realidad España es un país que sobrecarga a la familia por la escasez de la ayuda que le brinda; faltan, por ejemplo, escuelas de infancia de 0 a 3 años y servicios domiciliarios para personas discapacitadas o ancianas. En realidad, el porcentaje de la población adulta empleada en todos los servicios del Estado de bienestar en España es sólo un 5,6%, frente a un 14,2% en EE UU y un 18,7% en Suecia. Es impensable que esta insuficiencia del Estado de bienestar en general y de los servicios de ayuda a las familias en particular pueda resolverse sin una participación muy activa del sector público que facilite el acceso a tales servicios de todas las familias y permita una mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo. Para ello es necesario romper con la austeridad del gasto público que se reproduce en el discurso político dominante en nuestro país.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.