La escuela religiosa considera "insostenible" el reparto de inmigrantes entre sus centros

La patronal de la enseñanza religiosa considera "insostenible" la situación de algunos de sus centros concertados que han debido acoger en sus aulas a alumnos con necesidades educativas especiales (principalmente inmigrantes o de etnia gitana) en aplicación de la resolución de Enseñanza que obligaba a los centros con financiación pública a admitirlos. Una encuesta repartida entre sus centros afiliados inquiere si a las familias se les ha dado "una información que no se ajusta a la realidad en relación con la gratuidad de las escuelas privadas concertadas".

El Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña ha enviado a sus asociados una comunicación, titulada Una situación que se hace insostenible, en la que analiza las consecuencias de la resolución de la Generalitat sobre la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, o lo que la patronal católica llama "situaciones sociales o culturales desfavorecidas", que han sido enviados por las comisiones de matriculación a escuelas concertadas para evitar la concentración de este tipo de alumnos en los centros públicos y el riesgo de creación de guetos escolares. "En algunas zonas", se dice en la nota, " no ha adoptado los criterios de actuación más adecuados para garantizar la correcta escolarización de los hijos de familias inmigrantes, distribuyéndolos entre todos los centros sostenidos con fondos públicos con la finalidad de favorecer su integración en nuestro país. En esta acción a menudo ha prescindido del carácter propio de las escuelas y de los recursos de que disponen para acogerlos y atenderlos debidamente. Aparte de no respetar adecuadamente los derechos de los inmigrantes, esta política ha comportado graves problemas en algunas escuelas cristianas".

Algunas comisiones de escolarización, sigue el comunicado, "han tomado decisiones que han provocado graves problemas en algunas escuelas cristianas (...), que se han visto desbordadas cuando las comisiones de escolarización o los servicios sociales de los ayuntamientos les han enviado alumnos sin tener en cuenta el carácter propio de las escuelas cristianas, los recursos humanos de que disponen y el tipo de financiación recibido de las administraciones públicas".

La patronal católica lamenta que "a menudo estas familias no sólo no pueden colaborar económicamente al sostenimiento de la escuela, sino que necesitan la ayuda de la institución titular para que sus hijos puedan seguir el proceso educativo con sus compañeros sin discriminación de ningún tipo".

Por estas razones, las escuelas cristianas concertadas ya han hecho llegar sus quejas a la consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil -"nos ha atendido con mucha amabilidad", afirman-, a la que han explicado que las actuaciones de algunas comisiones de escolarización y la falta de sensibilidad del departamento han creado una situación "insostenible" en algunas escuelas, "con el riesgo de provocar reacciones que nadie desea y que conviene evitar en el futuro".

La consejera, se asegura en la nota, les ha prometido "compensaciones económicas o bien aumento de plantilla", aunque lo que desean es que sean declarados "centros de atención educativa preferente", lo que supondría un concierto para el ciclo de parvulario y la posibilidad de aumentar la plantilla.

Para definir la situación de estos centros financiados con dinero público, la nota adjunta una encuesta en la que se pregunta si el centro "se encuentra en una zona especial a causa de la afluencia de familias inmigrantes o de etnia gitana" y "el número de alumnos que manifiestan necesidades educativas especiales".

La encuesta indaga sobre la actuación de las comisiones de matriculación que han enviado a los alumnos y pregunta si éstas han creado problemas a las escuelas por no tener en cuenta "el derecho de los padres a elegir la escuela de sus hijos" ni la identidad (carácter propio) de las escuelas "a la hora de orientar a las familias inmigrantes a la hora de escolarizar a sus hijos", porque han "distribuido los alumnos con necesidades educativas especiales sin distinguir entre escuelas públicas y escuelas concertadas" o porque han "dado a las familias una información que no se ajusta a la realidad en relación con la gratuidad de las escuelas privadas concertadas (parvulario, comedor, gastos personales de los alumnos en cualquier escuela privada, etcétera)".

Esta patronal, que dirige el sacerdote Francesc Riu, representa a medio millar de escuelas de adscripción católica, prácticamente todas las religiosas y algunas más, y es ampliamente mayoritaria en el sector de la enseñanza privada concertada.