La desvirtuación de una iniciativa legislativa popular abre una crisis en el Grupo Socialista

La votación de la iniciativa legislativa popular ecologista que perseguía la prohibición de la incineración de residuos sólidos provocó ayer la primera crisis en el gobierno alternativo de Pasqual Maragall. Dos de sus miembros, los diputados Josep Maria Vallès y Antoni Siurana, expresaron su desacuerdo con la desnaturalización de la iniciativa, que en el trámite parlamentario ha sido convertida en una ley que consagra la incineración. Justo lo contrario de lo que proponían sus promotores, que aportaron 107.000 firmas. Ambos diputados optaron por no participar en la votación a pesar de que estaban en el hemiciclo. Ello provocó las iras de una parte del Grupo Socialista y el desconcierto de la otra.

Vallès y Siurana no son dos diputados de perfil político bajo. El primero es presidente de Ciutadans pel Canvi. En el gobierno en la sombra de Maragall lleva la cartera de presidencia y justicia. Siurana es alcalde de Lleida y en el gobierno alternativo se ocupa de las carteras de gobernación e interior. Y en el PSC es una figura tan destacada como para haber sido propuesto como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.La actuación de estos diputados fue considerada "inaceptable" e "injustificada" por Joan Ferran, que es el responsable de la actuación de los miembros del grupo parlamentario. Y como él, por otros diputados socialistas. "Esto no puede quedar así", afirmaban algunos. Su indignación provenía de que Vallès y Siurana no habían expresado anteriormente en las reuniones del grupo parlamentario ninguna disconformidad con la posición adoptada en este asunto.

Tras la votación, Vallès explicó que no había querido participar en ella para ser consecuente con su concepción del ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Si la mayoría de la Cámara no quería aceptar la propuesta de los ecologistas, dijo, debía haberla rechazado. Pero lo que en este caso ha sucedido es que una mayoría parlamentaria, formada por CiU, PSC-Ciutadans pel Canvi y PP, enmendó el proyecto de manera que, al final, lo que se aprobó promueve lo contrario de lo pretendido por los ciudadanos que presentaron la iniciativa. A Vallès y Siurana esto les resultó inasumible.

En esto, ambos diputados socialistas coincidían con una parte de lo que acababan de defender en el plenario Bet Font, de Iniciativa-Verds, y Xavier Vendrell, de Esquerra Republicana (ERC), cuyos grupos parlamentarios votaron en contra del proyecto. La primera consideró "un fraude" el resultado de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular. Y el segundo, una "perversión". En esta posición abundaron también los miembros de la plataforma ecologista promotora de la iniciativa que asistían a la sesión, Mercè Girona y Josep Muné. Éstos mostraron su "profunda decepción" y calificaron el debate de "ocasión perdida".

Para colmo de paradojas, Vallès puntualizó también que, en cuanto al contenido de la ley en que al final se ha convertido la propuesta, él está más de acuerdo con lo votado por la mayoría que con la petición de los ecologistas.

Pero una cosa es el debate sobre la incineración de residuos y otra el problema de las formas alternativas de facilitar la participación política de los ciudadanos. En este caso era una propuesta que llegó al Parlament hace un año y medio con el apoyo de 107.000 firmas, laboriosamente recogidas por entidades ecologistas, sindicatos y la federación de asociaciones de vecinos.