El Gobierno rechaza 41.560 de las 244.000 peticiones de regularización

El proceso extraordinario de regularización de extranjeros sigue superando todas las previsiones. Exactamente 244.468 inmigrantes sin papeles han pedido ya al Gobierno que les dote de documentación para vivir legalmente en España. Hasta el 13 de octubre se habían resuelto 166.238 peticiones, de las que han sido aprobadas 124.678. Por tanto, 41.560 extranjeros han visto rechazada su solicitud, por lo que, salvo que los recursos enmienden la decisión, su permanencia puede quedar desautorizada.

Admitidas 59 enmiendas

Los datos sobre el estado del proceso de regularización, a fecha 13 de octubre, fueron facilitados por la Delegación del Gobierno para la Inmigración después de que su titular, Enrique Fernández-Miranda, diera a conocer el resultado de las negociaciones mantenidas con los partidos para intentar alcanzar el máximo acuerdo sobre la llamada "contrarreforma" de Ley de Extranjería.Las cifras finales sobre solicitudes presentadas, admitidas y denegadas no se conocerán hasta que acabe el año, pero todo parece indicar que se mantendrá la tónica actual de aceptación en primera instancia del 75% de las tramitadas. De mantenerse el equilibrio de aceptadas y rechazadas, 183.000 extranjeros se quedarían en España con plena legalidad, y el resto, 61.000 personas, tendrían todas las papeletas para ser expulsadas. La mayoría de los 41.560 peticionarios a los que se les ha dicho "no" han presentado recurso, por lo que la cifra podría verse muy rebajada.

Fichero de menores

"No nos preocupa el número, sino las razones por las que no se podrá regularizar y, desde luego, esperamos que el número de rechazados sea el menor posible", dijo ayer Fernández-Miranda. El secretario de Estado agregó que una vez que se vean todos los expedientes, será necesario resolver "caso por caso" los recursos que se presenten, ya que, agregó, "el proceso de regularización se está haciendo a favor de los inmigrantes".Fernández-Miranda explicó que las negociaciones mantenidas con la oposición para lograr "el máximo acuerdo" sobre la reforma de la Ley de Extranjería han llevado al Gobierno ha admitir 35 enmiendas de los distintos grupos políticos (especialmente de PSOE, Convergència i Unió y Coalición Canaria) y a ofrecer 24 transaccionales (correcciones sobre enmiendas) a la reforma.

"Hemos admitido 21 enmiendas del PSOE, tres de CC, 5 de CiU, dos de EA y cuatro de andalucistas, PNV, ERC y Chunta Aragonesista", explicó el delegado del Gobierno, para quien va a ser "muy difícil" ir más allá o admitir nuevas correcciones al texto que ha elaborado el Ejecutivo. "El Gobierno no entendería que CC, PSOE y CiU, en el último tramo de la tramitación de la reforma, no respaldaran esta Ley de Extranjería, salvo que lo hicieran por marketing político", dijo Fernández-Miranda.

Muchas de las enmiendas pactadas (ver EL PAÍS de ayer) hacen referencia a los derechos sociales de los inmigrantes, derechos que el Gobierno está dispuesto a reconocer a todo los extranjeros -reunión, asociación, sindicación-, pero condicionando su ejercicio a que "obtengan autorización de estancia y residencia en España".

El PSOE ya puso ayer objeciones al texto que le ha remitido el Gobierno sobre sus enmiendas, ya que para este partido la redacción del Ejecutivo en cuanto a los derechos sociales es "ambigua y virtual". La responsable socialista de temas de inmigración, Consuelo Rumi, no entiende que se reconozcan derechos inherentes al ser humano pero se limite su ejercicio al hecho de vivir o no legalmente en el país. Por este motivo, se reservará al trámite de Ponencia y Comisión su decisión sobre si apoyará o no el texto final de la reforma.

Entre las enmiendas aceptadas destacan el que no puedan ser devueltas las mujeres embarazadas que entren en España y, especialmente, otra tendente a la creación de un fichero de menores de edad que entren en España solos. Esto se traducirá en la creación de un fichero de huellas dactilares de estos niños, "con el fin de conocer las posibles referencias que pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección". Esta enmienda está contenida en una transaccional ofrecida por el Gobierno a sendas enmiendas de PSOE y CiU. El delegado del Gobierno destacó el artículo de la ley por el cual el empresario que contrate a irregulares podrá ver cerrado administrativamente su negocio por un periodo de entre seis meses y cinco años.