Responder con la ley

ETA ha vuelto a matar aun antes de que se apagaran los ecos de la movilización de más de cien mil ciudadanos que reclamaron el sábado en Bilbao el derecho a "un futuro donde la muerte y la violencia no tengan cabida". Una vez más, ETA ha dado cabal muestra del desprecio que siente por la voluntad de ese pueblo vasco que dice defender, al que apela en sus comunicados y con el que se llenan la boca quienes comprenden, apoyan o justifican el discurso de muerte de la banda terrorista. La decimosexta víctima de ETA en lo que va de año ha sido un funcionario de prisiones y delegado sindical de CC OO en la cárcel de Nanclares de Oca, Máximo Casado. Su coche saltó ayer por los aires en Vitoria al explotar una bomba lapa camuflada en sus bajos. Huelgan las disquisiciones sobre la intencionalidad de este nuevo crimen por la condición funcionarial de la víctima. La coacción mediante la muerte es el fundamento del pretendido proyecto político de ETA y su entorno para Euskadi. Todos los sectores de la sociedad que no se pliegan a sus pretensiones son potenciales víctimas. El objetivo de la banda es justamente hacer desistir a la sociedad de sus convicciones propias y obligarla a aceptar, por causa del miedo y la desesperación, el proyecto diseñado por ETA. Y frente al continuado y masivo rechazo de los ciudadanos cuenta para ello únicamente con su decisión de ampliar la lista de víctimas, dentro y fuera del País Vasco.

Frente a este totalitarismo, la democracia no puede desarmarse por la vía de las concesiones, como han tenido ocasión de comprobar los propios nacionalistas que les han acompañado en el viaje de Estella. Hoy está más claro que nunca que la peor fórmula es que desde el espacio democrático se amparen los propósitos de ETA con esa afirmación de que se comparten sus fines aunque no sus métodos. De ese discurso se han nutrido todas las generaciones de pistoleros de la organización terrorista.

Por duro que sea, la sociedad democrática no puede emprender otro camino que rearmarse política y moralmente y mejorar su capacidad de respuesta a los criminales mediante la investigación policial y el sometimiento a los tribunales. La suma del pacto de Estella y la tregua-trampa de ETA han supuesto la pérdida de casi dos años en la investigación de las tramas internas de la banda, mientras sus pistoleros seguían acumulando información sobre futuras víctimas, como se ha comprobado tras la detención de los dos integrantes del comando Andalucía. A ello se ha añadido un desistimiento político de la Ertzaintza, que cada vez denuncian con más rotundidad sus propios agentes. La decisión mayoritaria de los ciudadanos de defender sus convicciones democráticas y el derecho a vivir en una sociedad libre exige de los poderes públicos una intensa, indesmayable y eficaz respuesta de todas las policías contra el crimen organizado de ETA, unida a la firme actuación de todos los estamentos judiciales en defensa de la ley.