Fracasa el plan contra los malos tratos

Desde el 17 de diciembre de 1997 en que Ana Orantes fuera rociada con gasolina y quemada por su marido, el Gobierno, el Consejo General de la Abogacía, la Fiscalía General, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y los distintos Gobiernos autonómicos han intentado luchar contra el maltrato a mujeres. Se endurecieron las penas, se repartieron teléfonos móviles y pulseras de aviso entre las víctimas, se promovieron campañas publicitarias... Sin embargo, todas las medidas se han ido estrellando contra las cifras: en 1997 se registraron 33 casos de mujeres asesinadas por sus cónyuges, en 1998 fueron 35, en 1999 alcanzaron los 42 y hasta junio de este año iban 22 reconocidas oficialmente. Cada 24 horas, 60 mujeres denuncian malos tratos en comisaría.El Gobierno, después de anunciar en 1998 una inversión de 4.773 millones en lo que se bautizó como plan de choque contra los malos tratos observa cómo se acerca el mes de diciembre en el que concluirá dicho plan y las cifras no sólo no se reducen, sino que aumentan con pulso firme.

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha declarado su intención de publicar la lista de los maltratadores. Algunos juristas tachan de inconstitucional y demagógica la medida de Bono. Pero... ¿dónde está la solución?

Según el Gobierno, desde luego la solución no se encuentra en la creación de una Fiscalía especial dedicada a coordinar la lucha contra el maltrato a mujeres. El PP ha rechazado la propuesta del PSOE en el Parlamento por considerarla un despilfarro para la Justicia.

"La solución tampoco está en incumplir promesas", se queja Ana María Campos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas. Según Campos, el Gobierno tiene un responsable de propaganda admirable que consigue anunciar muchas cosas y hacer pocas.

Tal domingo como hoy, el 4 de octubre de 1998, este periódico titulaba en primera página: "50 fiscales perseguirán a los agresores reincidentes de mujeres". En el texto se explicaba que una circular de la Fiscalía General del Estado les iba a ordenar que, allá donde hubiera una denuncia, el acusador público investigue si el presunto agresor había sido denunciado antes en cualquier otro lugar de España por su actual pareja o la anterior. De esa manera, la acumulación de faltas por pequeñas agresiones podría transformarse en delito y, por tanto, la pena ser más dura.

¿Qué fue de aquello?

Un alto responsable de la Fiscalía General sostiene que el camino se señaló muy bien desde entonces, y que lo único que queda es asfaltarlo, ponerle farolas y pintarlo. Traducida, la metáfora viene a decir que los fiscales se han comprometido a reunirse una vez al año "o cada dos años", que se han comprometido también a elaborar un registro estadístico, pero no cuentan con todos los medios deseables: ni suficientes ordenadores, ni conexión informática entre las diferentes fiscalías, ni suficientes funcionarios para ayudar a compilar la información.

"De todas formas", señala el citado jurista de la Fiscalía General, "no creo que un tipo a la hora de levantarle la mano a la mujer vaya a frenarse porque piense en la que le puede caer si el fiscal se entera".

El pasado domingo 9 de abril este periódico titulaba igualmente: "Habrá 5.000 nuevos abogados de oficio especializados en los delitos de malos tratos a las mujeres". La noticia hacía referencia a un pacto entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía para formar a letrados de oficio que ofrecieran asistencia gratuita las 24 horas del día a las mujeres maltratadas de aquellas comunidades que no tuviesen traspasadas las competencias jurídicas. ¿Dónde están esos 5.000 letrados?

"Esa cifra la dio el entonces director general de Justicia", señala Jesús López Arena, presidente de la comisión de seguimiento por parte de los colegios de abogados. "Era una cifra que no guardaba mucho sentido con la realidad".

¿A cuántas víctimas se ha atendido gratuitamente desde que entrara en vigor el convenio el pasado 7 de septiembre? A pesar de que los miembros del Consejo General de la Abogacía se reunieron esta semana por primera vez con representantes de la Justicia para evaluar el funcionamiento del proyecto, López Arena sólo pudo ofrecer cifras de León, la zona que representa él, donde los abogados atendieron a cinco mujeres, y Teruel, donde se han atendido a seis. A los cursos de formación en León asistieron 160 letrados, de los cuales el 70% fueron mujeres. Y en Teruel el curso empezará el 30 de octubre.

"Pero esos cursos", señala la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas, Ana María del Campo, "suelen durar un fin de semana, no mucho más". ¿Qué se puede aprender en ese tiempo?

También los abogados del Consejo señalan que ellos por sí sólos tampoco van a solucionar el problema, aunque realmente fuesen 5.000 y estuviesen muy bien especializados.

Entonces... ¿dónde está la solución contra tantas palizas y tantas muertes?

Para Del Campo, la respuesta ha de darse en el colegio, formando a los niños y en las universidades, donde se debería formar a forenses y abogados.

En otras comunidades han dado un paso adelante. El País Vasco ha intentado curar desde 1995 a 150 agresores mediante tratamiento psicológico que se prolonga durante cinco meses. De ellos, la mitad abandonó casi al principio de los cursos. Y del resto, un 30%, volvió a pegar. Sólo 55 no maltrataron de nuevo a la mujer, al menos durante el año de seguimiento. En Cataluña, el Instituto de Reinserción Social ha atendido a 26 hombres, de los cuales sólo 15 continúan en tratamiento. "El otro día oí a una mujer decir que el tratamiento para agresores no existía. Y le dije: lleva usted razón, señora, no existe". El que habla así es el psicólogo responsable del citado centro. "Se supone que yo nunca debería decir una cosa así, pero la verdad es que nuestros recursos, tanto en Cataluña como en el País Vasco, son tan insignificantes en relación a la cantidad de agresores que hay, que en realidad, casi no existimos".

Entonces... ¿dónde está la solución?

El citado responsable del centro de Reinserción Social de Cataluña aporta una pista: "Mientras haya políticos, fiscales, forenses, jueces y periodistas maltratadores no estaremos preparados para impulsar cambios importantes"