El Consell descarta pedir responsabilidades jurídicas al gobierno socialista por el Teatro Romano de Sagunto

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, descartó ayer pedir responsabilidades jurídicas al anterior gobierno socialista una vez hecha pública la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, efectuadas durante la presidencia de Joan Lerma.Zaplana afirmó en los pasillos de las Cortes Valencianas que las obras fueron "un grave error" pero se hicieron "sin mala fe". Explicó que a los actuales responsables autonómicos ni se les "ha pasado por la cabeza" pedir responsabilidades jurídicas por este motivo, ya que aunque los errores fueron "ostensibles" los políticos se equivocan "muchas veces". "Y una cosa es manifestarnos con dureza y otra excedernos del debate político", añadió.

Zaplana aseguró que cuando el Consell tenga los informes pertinentes sobre una posible reversibilidad de las obras realizadas en el Teatro Romano decidirá, aunque añadió que "en cualquier caso la voluntad política inicial es intentarlo". En la misma línea se manifestó ayer el consejero de Cultura, Manuel Tarancón. Sin embargo, los informes ya se realizaron en 1998 y por encargo de la entonces directora general de Patrimonio, Carmen Pérez. Uno de los técnicos que elaboró el estudio, el catedrático de Construcción Arquitectónica, Bernardo Perepérez, afirmó ayer a la cadena Cope que el trabajo era concluyente y definitivo, aunque señaló que es la Consejería de Cultura la que debe hacer públicas las conclusiones. Éstas indican que la intervención realizada sobre las gradas es reversible. Del mismo modo se pronunció la arquéologa Carmen Aranegui a finales de los años ochenta tras estudiar el proyecto de Manuel Portaceli y Giorgio Grassi, quienes siempre han manifestado que la actuación implicaba la mejor conservación de los restos. En cualquier caso, una hipotética demolición de las obras supondría un coste económico, político y social difícilmente asumible.

De hecho, la sentencia plantea, paradójicamente, un grave problema al gobierno de la Generalitat, sobre todo si finalmente se pide la ejecución de la misma, una decisión que el precursor del proceso jurídico Juan Marco Molines, ex diputado por el PP, ha trasladado al Gobierno valenciano. De momento, todo apunta a que se pretende dilatar los plazos pidiendo nuevos informes.