Elegía por el 'Libro Amarillo'

El autor acusa al Gobierno de haber convertido un texto útil para entender la distribución de ingresos y gasto público en un panfleto que oculta la verdad y resulta inservible para analizar la realidad actual.

Desde hace muchos años, los Presupuestos Generales del Estado llegan a las Cortes acompañados de un libro explicativo, que en el lenguaje de los profesionales de la economía y de los parlamentarios es conocido por el color de sus tapas: el Libro Amarillo. Este libro ha adquirido un bien ganado prestigio porque se trata de un texto en el que siempre predominó la información sobre la valoración. En él se ha podido encontrar aclaraciones a asuntos que, para personas poco conocedoras de la problemática presupuestaria, resultaban de difícil comprensión.Analizándolo ejercicio tras ejercicio hay que reconocerle que ha sabido proporcionar una secuencia histórica de criterios, políticas, series y datos con la que puede seguirse de forma muy satisfactoria la trayectoria de una institución tan destacada en democracia como es la que lleva a cabo el proceso político de cuantificación y de distribución de los ingresos y gastos públicos.

En los últimos años la calidad del Libro Amarillo ha decaído espectacularmente. Ha perdido su función institucional, su carácter riguroso, para terminar convirtiéndose en un documento de propaganda ideológica y política.

Quizás porque algunos no están sabiendo administrar bien el sentido del equilibrio, nos hemos visto desagradablemente sorprendidos por el hecho de que en este año se han acentuado los vicios del antaño prestigioso documento. Hay en él expresiones y planteamientos que bien podrían haber sido escritos por los más destacados miembros de la extrema derecha norteamericana (Ross Perot o Pat Buchanan). Esto ocurre aquí en Europa donde naciones de raigambre democrática han hecho un intenso recorrido hacia la convergencia nominal equilibrando sus cuentas públicas. Pues bien, los redactores del libro lo despachan, de forma harto simplista, ya que en esta parte del mundo, ni es cierto, ni está política e ideológicamente admitido que "el descrédito del Estado en la administración de las cuentas públicas es un peligroso factor de inestabilidad política que puede conducir a la involución económica".

Aunque resulte penoso admitir semejante degradación, Rato y Montoro han hecho del Libro Amarillo un panfleto que, ocultando la verdad, resulta inservible para la realidad actual y para la historia. El desatino con el que se ha confeccionado es tal que incluso en él hay hasta referencias hechas en primera persona del singular. En el proceso privatizador han ido tan lejos que puede decirse irónicamente que se ha llegado hasta privatizar un documento como el que comentamos.

Entrando en el contenido del correspondiente a 2001 podrían verse múltiples contradicciones. De todas ellas me referiré a una de las más claras, la que se detecta cuando se comparan algunos datos del libro enviado con los PGE del año pasado con otros similares pero referidos al próximo ejercicio.

En el momento de presentar los PGE para 2000 el Gobierno decía que el Estado, sus organismos autónomos y el Insalud tendrían una política prioritaria: la de impulsar la inversión pública. Ahora que ha pasado a todo un ejercicio resulta interesante ver qué es lo que dice el propio Gobierno del cumplimiento de su propia prioridad.

Tan cuantiosa diferencia merecería una buena explicación. El Libro Amarillo del Presupuesto de 2000 informaba de la evolución de la inversión pública desde 1994, de su cuantía y de su peso respecto del PIB, a la vez que señalaba que el Gobierno se gastaría 2,1 billones de pesetas en inversiones reales. Pues bien, el del año 2001 oculta la secuencia y la realización de los últimos ejercicios. Sin ninguna aclaración, nos dice que de esos 2,1 billones sólo se han gastado 1,3 billones. La autorización que establecían los Presupuestos de 2000 se va a ver reducida en casi 800.000 millones de pesetas.

El PP ha parado la inversión pública. ¿Por qué? ¿Es que una parte del progreso de la sociedad española no está condicionada por la inversión pública? Estamos viendo cómo, un mes tras otro, la inflación afecta a todos los componentes del nivel general de precios, por lo que deberían reducirse los costes de funcionamiento del sistema económico, aumentando la inversión pública, rompiendo a través de ella algunos de los estrangulamientos existentes y ayudando a alcanzar un desenvolvimiento más rápido y sencillo de la economía.

No parece que las cosas vayan en esa dirección. La inversión pública no va bien. Es más, estamos retrocediendo, ya que el peso total de la misma respecto del PIB ha caído a niveles anteriores a los registrados en 1994.

La sociedad española quiere que la política que haga el Gobierno esté orientada a conseguir la convergencia real con el nivel de renta de los ciudadanos europeos y, además, no quiere ser detenida en la pronta consecución de este objetivo. Ante esta demanda el PP ofrece un sucedáneo: la convergencia contable. Aprovecha el mejor cumplimiento que hacen los ciudadanos españoles de sus obligaciones tributarias para recompensarlos con un brusco parón de las inversiones públicas. A decir verdad, resulta difícil hacer una política más de derechas.

Francisco Fernández Marugán es diputado por Badajoz y portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos.