El Síndic insta al Consell a cumplir el plan de inversiones y programas para sanear el Segura

El Síndic de Greuges abrió en marzo de 1999 una investigación de oficio para evaluar la actuación de las Administraciones responsables de la regeneración del río Segura. Pese a que "el lamentable estado del río" ha sido de sobra conocido por los poderes públicos desde hace años, la inversión en colectores y depuradoras se aparcacó desde 1996. Mientras, se ha permitido ampliar el cultivo de regadío que aumenta la salinización del agua, se ha urbanizado sin planificación y no se han inspeccionado los vertidos industriales. El estudio, basado en la conclusión de dos profesores de Elche, alerta del riesgo para la salud e insta al Consell a cumplir con rigor el plan de inversiones y programas para sanear la cuenca.

El informe anual del Síndic Luis Fernando Saura del ejercicio de 1999 entregado a las Cortes Valencianas destaca "la investigación comenzada para conocer si la denunciada y evidente contaminación del río Segura, a su paso por la comarca del Bajo Segura, es consecuencia de acciones u omisiones públicas, o si las Administraciones públicas competentes realizan el esfuerzo exigible para su saneamiento". Así, el defensor del pueblo, basándose en las conclusiones sobre los altos índices de contaminación de las aguas de "los profesores Parra Ruiz y Abadía Sánchez de la Universidad Miguel Hernández de Elche" conmina a la Generalitat Valenciana a cumplir de manera estricta con las directrices e inversiones quinquenales previstas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura; a seguir al pie de la letra la normativa europea (de obligado cumplimiento) y a aplicar con rigor y eficacia su plan de inversiones y saneamiento de la cuenca para conseguir que "en el 2005 se haya conseguido un nivel de depuración adecuado en todos los núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes".El consumo incontrolado de agua para uso agrícola (fundamentalmente de regadío), urbano e industrial sin que mediara planificación alguna y se crearan las infraestructuras (colectores, plantas depuradoras, etcétera) que requería el creciente uso del agua son los tres efectos que, según este estudio, han incidido más en la "lamentable" situación actual de la cuenca. Desde el punto de vista agrícola, el incumplimiento del aporte de los niveles de agua comprometidos en 1980, cuando se autorizó el trasvase del Tajo-Segura para ampliar el cultivo de regadío, ha provocado el descenso de los caudales y, por tanto, su imposibilidad de autodepuración, causando un exceso de salinización continuada del agua. La consecuencia ha sido el grave deterioro del suelo por el consiguiente uso y abuso de fertilizantes e insecticidas durante 19 años. El estudio sostiene que esto hace que las aguas contengan "una carga biológica (virus, bacterias, protozoos) que constituye un riesgo para la salud humana, tanto para los consumidores como para los trabajadores agrícolas e, incluso, para las poblaciones cercanas".

Respecto a los preocupantes niveles de contaminación física y química -generados por el desordenado crecimiento demográfico urbano y del consiguiente aumento del suministro de agua potable- producen "un efecto negativo directo sobre los cultivos". El contenido de las sales disueltas del agua contaminada por residuos urbanos puede llegar a ser "muy elevado". Para hacerse una idea, explica, el consumo medio de sal pura de un lavaplatos es del orden de 1 kilogramo por semana en una familia media. Con lo que, si en Murcia hay 350.000 habitantes y el 25% de las familias utiliza lavaplatos, "el vertido de sal pura asciende a 22.000 kilogramos semanales, sólo por este concepto de uso doméstico", sin tener en cuenta los vertidos derivados de detergentes, descalcificadores, etcétera, con la consiguiente degeneración del suelo "casi irreversible".

Por el lado industrial, el asentamiento de plantas conserveras, almazaras y bodegas en la cuenca ha incidido más si cabe en la degeneración, ya que "el efecto contaminante del agua residual es mayor que el urbano". El problema principal es que la carga orgánica y tóxica del vertido industrial hace más complicada su depuración, y hace imprescindible que "el sistema de depuración de estas aguas sea indepedente del sistema de depuración urbano".

Esto duplica el coste de las inversiones en instalaciones distintas, para lo cual el Síndic insta al Consell que diseñe un plan de asesoramiento, control y soporte técnico y financiero para implicar a la iniciativa privada en la desalinización del agua. Asimismo, insta al cumplimiento del "calendario de construcción y de sistemas de tratamiento necesarios" y la optimización de las depuradoras de aguas residuales, evaluando las posibilidades de reutilización bien para riego o uso urbano.